El plazo medio para que un propietario recupere una vivienda después de un impago se ha situado en 11 meses en 2026, según los registros de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG). La organización advierte de que, en procedimientos más complejos, el intervalo entre el primer impago y la restitución efectiva del inmueble puede superar los dos años, y que esta situación está cambiando la conducta de los arrendadores frente al mercado del alquiler.
Impacto en la oferta y endurecimiento de requisitos
SEAG señala que la percepción de inseguridad jurídica ha llevado a numerosos propietarios a elevar las exigencias para aceptar inquilinos o, en algunos casos, a retirar sus viviendas del mercado. Entre los pequeños propietarios —que constituyen la mayoría del parque de alquiler en España— la prioridad deja de ser únicamente la rentabilidad para situarse en paralelo la capacidad de recuperar el bien en caso de morosidad.
Más del 70% de los dueños encuestados por la entidad identifica la morosidad y las dificultades procesales para recuperar la vivienda como el principal riesgo asociado al arrendamiento. Ese temor se traduce en prácticas como solicitud de avales sólidos, filtros más estrictos sobre solvencia y negociación de cláusulas adicionales en los contratos.
Costes económicos para los propietarios y para SEAG
La SEAG detalla las cargas económicas que asume un propietario cuando intervienen impagos prolongados. El desembolso medio que cubre la compañía al proteger a un arrendador se sitúa alrededor de los 4.000 euros, cifra que integra tanto el procedimiento judicial como el mantenimiento del piso y la ausencia de ingresos por renta durante el conflicto.
En casos de impago total de la renta, las pérdidas pueden elevarse considerablemente. Para un alquiler de referencia de 700 euros mensuales, las pérdidas derivadas de la morosidad se estiman entre 10.000 y 13.000 euros, lo que representa aproximadamente entre el 70% y el 80% del coste total vinculado al incidente.
«Proteger a las familias vulnerables es imprescindible, pero esa responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los propietarios»
Además de las cantidades anteriores, se suman los gastos directos derivados del proceso de desahucio y de la reparación y puesta a punto de la vivienda:
- Honorarios y costas procesales (abogado, procurador y otros gastos): entre 800 y 1.500 euros (aproximadamente el 5%-10% del coste total).
- Reparaciones y reacondicionamiento de la vivienda: entre 500 y 3.000 euros (10%-15%).
| Concepto | Importe aproximado |
|---|---|
| Desembolso medio de SEAG | 4.000 € |
| Pérdidas por impago (renta 700 €/mes) | 10.000–13.000 € |
| Honorarios y costes procesales | 800–1.500 € |
| Reparaciones y reacondicionamiento | 500–3.000 € |
Consecuencias para el mercado y para las políticas públicas
La prolongación de los plazos de recuperación de inmuebles genera efectos en cadena: menos oferta efectiva de alquiler, contratos más selectivos y una mayor presencia de intermediación aseguradora o de garantías adicionales. Para los inquilinos con dificultades económicas, la combinación de protección social y mecanismos de garantía es esencial, pero la SEAG subraya que esa protección no puede trasladar en exclusiva los costes y riesgos al propietario.
La situación plantea preguntas sobre la eficacia de los procedimientos judiciales y la necesidad de mecanismos que aceleren la resolución de conflictos de arrendamiento sin erosionar las salvaguardias para hogares vulnerables. La SEAG, que observa un incremento en los expedientes y en los montos medios abonados, advierte sobre el riesgo de que la respuesta del mercado reduzca aún más la oferta de alquiler asequible.
En este contexto, la tensión entre garantizar el derecho a la vivienda y preservar la seguridad jurídica y la viabilidad económica de los pequeños propietarios se sitúa en el centro del debate público. Las cifras aportadas por la SEAG evidencian que, mientras no se afinen soluciones administrativas o legislativas que agilicen las recuperaciones sin perjudicar a colectivos vulnerables, el mercado seguirá respondiendo con mayor cautela y restricciones para quienes buscan acceso a una vivienda en alquiler.
