El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un informe actualizado y ampliado de la Comisión de Fiscalización relativo al caso SUCRE-Foglocons, con 84 votos a favor y 57 en contra, y ordenó la remisión inmediata del expediente a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, la Procuraduría y el Consejo de la Judicatura para que practiquen las investigaciones de su competencia.
Qué señala el informe
Según el documento aprobado, el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), concebido para facilitar el comercio entre países del ALBA, registró operaciones por USD 2.697 millones, de los cuales el 99 % correspondió a transacciones con Venezuela. El informe señala además que el mecanismo experimentó su mayor actividad entre 2010 y 2019 y que, desde 2020, presentó un colapso operativo con registro de 0 % de operaciones comerciales.
Uno de los capítulos centrales del informe aborda la liberación, en 2016, de más de USD 56 millones vinculados a Foglocons y advierte sobre la existencia de indicios que ameritan una investigación por presunta impunidad judicial en ese proceso.
Remisión y posibles responsabilidades
La Asamblea dispuso el envío del expediente a las instituciones de control para que analicen la información y, en su caso, formulen cargos y activen mecanismos de cooperación internacional. El informe sugiere la investigación de posibles delitos como peculado, asociación ilícita y delincuencia organizada, y propone la búsqueda de asistencia penal internacional, mencionando expresamente la vinculación de figuras investigadas en contextos transnacionales.
En su intervención durante el debate, el asambleísta ponente del informe expuso la hipótesis de que el SUCRE pudo haber funcionado como una estructura manejada “desde el poder” que facilitó operaciones de lavado de activos mediante exportaciones ficticias hacia Venezuela.
“El SUCRE habría funcionado como una estructura manejada 'desde el poder' para facilitar el lavado de activos mediante exportaciones ficticias hacia Venezuela.”
Votación y réplicas políticas
La votación reflejó divisiones significativas en el Legislativo. El bloque que apoyó el informe defendió la fiscalización por el posible perjuicio al patrimonio público y la necesidad de aclarar responsabilidades. Por su parte, la bancada denominada Revolución Ciudadana se opuso al documento, al considerar que no aporta novedades sustanciales al proceso y cuestionó la motivación política detrás de la ampliación del informe.
| Aspecto | Resultado |
|---|---|
| Votos a favor | 84 |
| Votos en contra | 57 |
| Fondos vinculados a Foglocons | USD 56 millones |
| Operaciones SUCRE (total reportado) | USD 2.697 millones |
Qué piden las instituciones
- La Fiscalía General del Estado debe conocer el expediente para evaluar posibles responsabilidades penales y promover acciones judiciales, según el acuerdo de la Asamblea.
- La Contraloría recibirá la documentación para determinar eventuales daños al patrimonio público y establecer responsabilidades administrativas y fiscales.
- La Procuraduría y el Consejo de la Judicatura fueron remitidos para investigar eventuales irregularidades disciplinarias y judiciales en la actuación de funcionarios y operadores del sistema.
Contexto regional y consecuencias
El SUCRE fue impulsado como una alternativa al uso del dólar para facilitar el comercio entre miembros del ALBA, entre ellos Ecuador y Venezuela. El informe de la Asamblea, al constatar un aparente cese de operaciones comerciales desde 2020 y concentrar la mayoría de transacciones con Venezuela, abre la puerta a investigaciones que podrían tener implicaciones diplomáticas y judiciales en la región.
Además de las posibles querellas y procesos internos en Ecuador, la recomendación de activar asistencia penal internacional apunta a la necesidad de coordinación entre países para rastrear flujos financieros, identificar beneficiarios y determinar si existieron mecanismos de exportaciones ficticias vinculadas a lavado de activos.
Próximos pasos
Con la remisión acordada por la Asamblea, corresponderá a las entidades señaladas analizar la información, practicar diligencias y, si lo estiman, abrir investigaciones formales. El curso de esos procedimientos —y la eventual colaboración internacional— definirá si las hipótesis del informe derivan en imputaciones, sanciones administrativas o procesos judiciales.
La aprobación del informe marca un capítulo nuevo en una investigación que ya motivó debates políticos y jurídicos en Ecuador y que ahora será objeto del trabajo técnico de las fiscalías y entes de control.
