La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó en la noche del 7 de septiembre de 2026 un informe actualizado sobre el caso conocido como Sucre-Foglocons, una pesquisa que fue impulsada inicialmente por el entonces legislador Fernando Villavicencio. El documento, encargado por una resolución del Parlamento el 8 de junio de 2026, será remitido a la Presidencia de la Asamblea para su debate en el Pleno.
Origen y alcance de la investigación
La indagación sobre Foglocons se remonta a 2012 y se convirtió en una de las pesquisas vinculadas a operaciones realizadas mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre). Según el informe actualizado, entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 la compañía habría captado $159,8 millones del Banco Central del Ecuador por supuestas exportaciones de paneles de construcción prefabricados hacia Venezuela.
Las autoridades de control, precisa el documento, señalaron una discrepancia sustancial entre las divisas liquidadas y el valor físico de las mercancías reportadas. Auditorías del Servicio Nacional de Aduana y del Servicio de Rentas Internas habrían determinado que el valor físico de la carga alcanzó apenas $1,82 millones, lo que implica una brecha superior al 98 % frente a las divisas registradas por el Banco Central.
Vínculos y reactivación del caso
En la pesquisa figuran vinculaciones con ciudadanos colombianos, entre ellos Álex Saab y Álvaro Pulido, nombres que han cobrado visibilidad en el marco de otras investigaciones internacionales. El caso volvió a tener atención pública en mayo de 2026 con la deportación de Álex Saab hacia Estados Unidos, hecho que motivó el repunte del interés mediático y político en la región.
La indagación que presidió Fernando Villavicencio —quien fue asesinado después de impulsar la investigación cuando estaba en la mesa legislativa en 2021— dio, según el informe, paso a una pesquisa previa por presunto peculado. La actualización busca revisar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas entonces y sumar nueva información disponible en los últimos años.
Qué contiene el informe aprobado
El documento aprobado por la Comisión supone una recopilación y verificación de auditorías y actuaciones administrativas vinculadas al caso. Entre los elementos que el informe actualiza o reitera están:
- El monto de divisas captadas por Foglocons mediante operaciones con el Banco Central del Ecuador.
- Los resultados de auditorías del Servicio Nacional de Aduana y del Servicio de Rentas Internas sobre el valor físico de las exportaciones reportadas.
- La evaluación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la primera Comisión de Fiscalización presidida por Villavicencio.
| Período | Monto declarado por el Banco Central | Valor físico según auditorías |
|---|---|---|
| Dic. 2012 - Mar. 2013 | $159,8 millones | $1,82 millones |
Implicaciones políticas y siguientes pasos
La remisión del informe al Pleno implica que la Asamblea Nacional deberá conocer el documento, debatir sus conclusiones y, en su caso, decidir acciones legislativas o solicitudes a organismos de control como la Fiscalía. La actualización también permitirá constatar si las recomendaciones formuladas hace casi cinco años fueron implementadas o si existen brechas pendientes de investigación.
Por su naturaleza, el caso involucra aspectos que trascienden la jurisdicción ecuatoriana: el uso del Sucre como mecanismo de pago regional lo conecta con operaciones financieras entre países y con las pesquisas sobre redes de lavado de activos y exportaciones ficticias que han afectado a varios estados de la región.
Contexto regional
Investigaciones sobre transferencias realizadas mediante mecanismos compensatorios regionales suelen implicar cooperación internacional y revisiones de controles cambiarios y aduaneros. En este expediente, la existencia de una brecha superior al 98 % entre los montos liquidados y el valor físico declarado es el elemento que más ha sostenido las sospechas sobre la simulación de operaciones y la posible canalización de recursos de origen ilícito.
Con el informe ya aprobado por la Comisión de Fiscalización, la atención se trasladará al Pleno de la Asamblea, donde se evaluará el alcance político y jurídico de las conclusiones contenidas en la actualización. El resultado del debate podría reactivar diligencias administrativas o penales y orientar nuevas solicitudes de cooperación internacional, según lo que determine el Legislativo.
Las autoridades competentes —según consta en el documento— tendrán ahora la ruta formal para acceder a las conclusiones y, de ser pertinente, tramitar las acciones que correspondan en el marco de la ley.
