La Gobernación de Antioquia presentó al Gobierno Nacional una iniciativa para financiar con $70.000 millones un piloto de erradicación de cultivos de coca mediante el uso de drones. El proyecto, anunciado por el gobernador Andrés Julián Rendón, propone intervenir cinco municipios que, según registros oficiales citados por la administración departamental, concentran alrededor del 77 % de los cultivos ilícitos en el departamento.
Alcance y municipios priorizados
La propuesta contempla una estrategia de aspersión terrestre focalizada con drones para aplicar glifosato directamente sobre los cultivos de coca. Los municipios señalados como prioritarios son:
- Valdivia
- Tarazá
- Anorí
- Cáceres
- Ituango
| Municipio | Motivo de prioridad |
|---|---|
| Valdivia | Alta concentración de cultivos |
| Tarazá | Alta concentración de cultivos |
| Anorí | Alta concentración de cultivos |
| Cáceres | Alta concentración de cultivos |
| Ituango | Alta concentración de cultivos |
La Gobernación advirtió que la cifra de coca en Antioquia es preocupante. Citando el informe de Naciones Unidas de 2024, el departamento registró 17.162 hectáreas de coca ese año; sin embargo, la administración considera que la extensión actual estaría entre 21.000 y 23.000 hectáreas.
Por qué proponen drones y qué alternativas existen
El gobernador Rendón explicó que, desde su perspectiva, la aspersión con aeronaves tripuladas sería la alternativa ideal, pero que el uso de drones permite iniciar una intervención mientras se define el alcance de otras modalidades. En sus palabras:
“La aspersión con aeronaves tripuladas sería la alternativa ideal, pero consideramos que el uso de drones permite plantear una intervención mientras se define el alcance de otras modalidades.”
La propuesta combina la intención de financiar las labores de erradicación con recursos departamentales y la oferta de programas de sustitución para los campesinos, orientados a promover actividades productivas legales. La Gobernación puntualizó que estaría dispuesta a aportar los recursos tanto para la operación técnica de aspersión como para los proyectos alternativos de ingresos.
Contexto y desafíos
La iniciativa llega en un contexto en el que las autoridades departamentales califican la situación como crítica. El incremento en hectáreas reportadas y la concentración de cultivos en territorios del Nordeste y el Norte han sido vinculados por distintas entidades a dinámicas de presencia de grupos armados y economías ilícitas consolidadas.
La propuesta plantea preguntas concretas que deberán abordarse en las siguientes etapas de discusión con el Gobierno Nacional y otras entidades: la aprobación del uso de glifosato, protocolos ambientales y de salud, coordinación con la Policía y la Fiscalía para garantizar seguridad en las intervenciones, y la articulación efectiva de programas de sustitución que ofrezcan alternativas reales a las comunidades afectadas.
Implicaciones prácticas para las comunidades
Para los habitantes de Valdivia, Tarazá, Anorí, Cáceres e Ituango, el piloto implicaría operativos de aspersión focalizada en zonas determinadas y la apertura de posibilidades de ingreso a programas de sustitución. Sin embargo, persisten inquietudes respecto a:
- Impactos ambientales y sobre cultivos legales aledaños.
- Protocolos de salud para poblaciones y trabajadores.
- Seguridad de las brigadas que realicen las intervenciones.
La Gobernación no ha detallado aún el cronograma, los permisos ambientales ni la logística de supervisión que acompañarán el piloto. Es previsible que la iniciativa requiera permisos nacionales y, probablemente, nuevas mesas de trabajo con ministerios, autoridades ambientales y organizaciones sociales de las zonas afectadas.
Antioquia enfrenta así una disputa entre la urgencia de reducir la presencia de cultivos ilícitos y la necesidad de garantizar intervenciones seguras, sostenibles y acompañadas de alternativas económicas para los campesinos. El anuncio del gobernador abre la puerta a un debate técnico y político que definirá si ese aporte de $70.000 millones avanza hacia un piloto operativo o queda en la propuesta inicial ante el Gobierno Nacional.
Desde Medellín, las decisiones que se tomen en los próximos meses marcarán la hoja de ruta para las zonas rurales más golpeadas por la expansión de la coca y la violencia asociada a ella.
