Una nueva alerta de seguridad remeció al norte de Antioquia tras la denuncia del gobernador Andrés Julián Rendón sobre amenazas emitidas por las disidencias de las Farc conocidas como el frente 36, bajo el mando de alias 'Calarcá'. Según el Gobernador, la estructura armada habría declarado “objetivo militar” a tres alcaldes y extendido intimidaciones contra líderes y servidores públicos de la región.
Mandatarios señalados y contexto
Los alcaldes mencionados son:
- Luis Bernardo Molina Granda, alcalde de Santa Rosa de Osos.
- Ana Isabel Avendaño Duque, alcaldesa de Carolina del Príncipe.
- Luis Guillermo Pérez, alcalde de Gómez Plata.
Los tres municipios están ubicados en las subregiones norte y nordeste de Antioquia, territorios donde autoridades ya habían advertido presencia de grupos armados y donde recientemente se registraron hechos que aumentaron la preocupación ciudadana.
| Municipio | Alcalde(a) | Ubicación |
|---|---|---|
| Santa Rosa de Osos | Luis Bernardo Molina Granda | Norte de Antioquia |
| Carolina del Príncipe | Ana Isabel Avendaño Duque | Norte de Antioquia |
| Gómez Plata | Luis Guillermo Pérez | Nordeste de Antioquia |
Reacción del Gobierno regional
El gobernador Rendón pidió al Gobierno nacional aumentar la protección a los mandatarios locales y desplegar acciones para desarticular las estructuras criminales que operan en la zona. En su pronunciamiento, subrayó la necesidad de que “toda la capacidad del Estado” rodee a los alcaldes para que puedan ejercer su función sin intimidaciones.
“Antioqueños: las Farc de Calarcá siguen sembrando terror. Esta vez, señalan directamente a los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, y pretenden declarar ‘objetivo militar’ a ciudadanos, líderes y servidores públicos.”
El llamado del mandatario se suma a medidas ya anunciadas por la Gobernación en semanas recientes, entre ellas recompensas por información que ayude a identificar y capturar integrantes de la estructura, y consejos de seguridad convocados para coordinar respuesta con autoridades nacionales y locales.
Incidentes previos y ambiente de riesgo
La denuncia formal se produce meses después de un atentado con explosivos ocurrido en la madrugada del 7 de mayo en el casco urbano de Carolina del Príncipe, que movilizó a las autoridades y sembró alarma entre los habitantes. Ese ataque afectó un establecimiento comercial cercano al parque municipal y a una estatua que rinde homenaje a un artista local.
Las disidencias señaladas están implicadas, según las autoridades, en otros incidentes violentos en Antioquia, entre ellos un ataque registrado el 21 de agosto del año anterior en Amalfi. El uso de la intimidación pública contra funcionarios eleva la gravedad del fenómeno: pretende limitar la gestión pública y generar descontrol en municipios con ya limitada capacidad institucional.
Implicaciones para la gobernabilidad y la ciudadanía
Declarar a un alcalde o a servidores públicos como “objetivo militar” tiene efectos directos sobre la gobernabilidad local: puede restringir la movilidad de mandatarios, afectar la ejecución de políticas públicas y fomentar desplazamientos y temor entre la población civil y los líderes sociales. Además, complica la atención de necesidades básicas en municipios con servicios ya precarizados.
- Protección institucional: la petición de Rendón exige mayor presencia de la Fuerza Pública y articulación con la Policía y la Fiscalía.
- Prevención: vigilancia en zonas urbanas y rurales, puntos críticos como parques y establecimientos comerciales.
- Participación ciudadana: promoción de canales seguros para denunciar y acceder a recompensas por información.
Qué se espera ahora
La Fiscalía y la Policía nacional deberán valorar la denuncia formal y decidir las acciones operativas y judiciales pertinentes. Desde la Gobernación se insiste en la necesidad de una ofensiva coordinada para neutralizar las estructuras criminales, sin importar sus denominaciones internas, y garantizar condiciones mínimas de seguridad para que los alcaldes puedan gobernar.
En una región que ha mostrado capacidad de resistencia y organización comunitaria, la respuesta estatal será clave para evitar que la intimidación limite la gestión pública y aumente el riesgo para la población. Seguiremos atentos a los anuncios oficiales y a las medidas de protección que se implementen en los municipios afectados.
