En el centro del debate de control político de la Comisión II del Senado quedó la acción militar en el departamento del Guaviare luego de que dos operaciones, según el Ministerio de Defensa, dejaran menores de edad fallecidos. El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, defendió las actuaciones y planteó que eran parte de un “deber constitucional” frente a la confrontación entre las disidencias conocidas como 'Calarcá' y 'Mordisco'.
La explicación oficial y las cifras
Durante su intervención, el ministro Mora explicó que las operaciones se ejecutaron contra grupos organizados que, según su versión, se encontraban en áreas campamentarias y se reunían para “preparar un ataque a la población civil o a las tropas”. En ese contexto sostuvo que la Fuerza Pública debía actuar preventivamente.
“Cuando nosotros determinamos atacar un grupo organizado en un área campamentaria, que se han reunido ahí para preparar un ataque a la población civil o a las tropas, o ir contra una comunidad de estas alertas tempranas, pues nosotros tenemos que actuar antes de que ellos actúen y cometan una masacre, un ataque, y terminan haciendo las acciones que todos los colombianos conocemos. Es una obligación. Aquí está en juego la acción o la omisión”, afirmó el general (r) Mora.
El ministro además dio cifras sobre el conflicto en Guaviare: dijo que ya son 11 menores de edad los que han fallecido en los combates que se mantienen en el departamento por disputas territoriales, relacionadas con el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas entre las dos disidencias. También informó que 10 uniformados han sido asesinados, 16 resultaron heridos y 5 fueron secuestrados. Según Mora, antes de las operaciones existían 368 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.
Reacciones en el Congreso
La explicación del ministro no apaciguó las críticas entre los congresistas citantes. La senadora Jennifer Pedraza, una de las promoventes del debate, calificó la postura del titular de Defensa como un “falso dilema”. Señaló que nadie está pidiendo a la Fuerza Pública que deje de actuar, pero advirtió que existen otras herramientas operativas que deben ponderarse antes de tomar decisiones que pueden afectar a civiles, incluidos niños y niñas.
Pedraza puso énfasis en que la Fuerza Pública cuenta con diversas alternativas tácticas —como el combate con presión territorial y el arrinconamiento— que, en su opinión, deberían explorarse para reducir riesgos de daños colaterales. La senadora reclamó mayor deliberación y verificación previa de la presencia de menores antes de ejecutar operaciones con capacidad letal.
Contexto y consecuencias
El episodio se enmarca en la disputa entre grupos armados ilegales por el control de rutas y economías ilícitas en Guaviare, que ha dejado, según el ministro, un saldo creciente de víctimas entre civiles, menores y fuerzas del Estado. Las alertas tempranas mencionadas por la Defensoría advierten sobre altos riesgos para poblaciones en zonas afectadas por la confrontación.
En este tipo de debates confluyen dos preocupaciones: por un lado, la obligación del Estado de prevenir ataques y proteger a la población; por otro, la salvaguarda de los derechos de infancia y la obligación de minimizar daños civiles en operaciones militares. La discusión en el Congreso pone en evidencia la tensión entre ambos imperativos.
- Hecho central: dos operaciones en Guaviare con menores fallecidos.
- Posición del Gobierno: acción preventiva frente a células armadas en campamentos.
- Crítica del Congreso: necesidad de valorar alternativas operativas y proteger a la población civil.
| Concepto | Cifra citada |
|---|---|
| Menores fallecidos en Guaviare (total según Ministro) | 11 |
| Uniformados asesinados | 10 |
| Uniformados heridos | 16 |
| Uniformados secuestrados | 5 |
| Alertas tempranas de la Defensoría | 368 |
El debate en la Comisión II mantiene la atención sobre Guaviare, donde el Gobierno y los organismos de control deberán precisar protocolos para operaciones en las que pueda haber presencia de población civil vulnerable. Las decisiones que se tomen tendrán implicaciones sobre la protección de la infancia, la responsabilidad penal y administrativa del Estado, y la percepción ciudadana sobre la legitimidad del uso de la fuerza.
Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de anticiparse a ataques potenciales, algunos congresistas y organizaciones de derechos humanos buscan reforzar mecanismos de verificación y evitar daños a personas no combatientes en un escenario de alta complejidad operativa.
