La Fiscalía General de la Nación logró la condena contra Remberto Javier Amell Hernández, exalcalde del municipio de Galeras (Sucre), quien aceptó su responsabilidad por hechos de corrupción relacionados con la contratación de obras de pavimentación financiadas por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
Sentencia y delitos
El fallo judicial impone una pena de cinco años y cuatro meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho (propio y por dar u ofrecer). El exalcalde se allanó a los cargos presentados en su contra, con lo cual se evitó un juicio oral completo.
Hechos investigados
La investigación de la Fiscalía se concentró en contratos y convenios suscritos durante el periodo de la administración municipal de Amell Hernández, entre 2016 y 2019. De acuerdo con el expediente, el exmandatario habría intervenido en la selección de contratistas, suministrado información relevante a terceros y promovido modificaciones en pliegos que facilitaron la adjudicación a empresas previamente definidas.
- Se indagaron dos convenios con el DPS: el 449 de diciembre de 2016 por $9.416 millones y el 479 Fase II de noviembre de 2017 por $3.796 millones.
- Además, se revisaron cuatro contratos de pavimentación cuya ejecución superó en conjunto los $13.000 millones.
- Según el proceso, el exalcalde habría obtenido el 50 % de las utilidades del primer negocio investigado y habría destinado el 15 % de los convenios a dos congresistas.
- El expediente también registra la entrega de $400 millones con destino a un funcionario, según las actuaciones de la Fiscalía.
Cómo se habría operado el direccionamiento
La Fiscalía describe un esquema en el que la intervención de la alcaldía incluyó instrucciones a funcionarios locales, suministro de documentación y ajustes en las condiciones de contratación para favorecer a determinados oferentes. Esos movimientos, según el ente investigador, tuvieron como efecto la adjudicación de las obras a terceros previamente seleccionados.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Convenio DPS 449 (dic-2016) | $9.416 millones |
| Convenio DPS 479 Fase II (nov-2017) | $3.796 millones |
| Contratos de pavimentación (4 contratos) | Más de $13.000 millones |
| Pagos reportados a intermediarios | $400 millones |
Implicaciones políticas y administrativas
La condena contra Amell Hernández pone en evidencia irregularidades en la administración municipal durante el trienio investigado y plantea preguntas sobre mecanismos de control en la contratación de obras públicas en municipios pequeños. Fuentes judiciales señalan que la aceptación de cargos por parte del exalcalde agilizó la imposición de la pena, pero no sustituye las posibles indagaciones sobre terceros involucrados.
Qué sigue
Con la sentencia firme, proceden las determinaciones sobre la ejecución de la pena y la posible apertura de procesos contra otras personas señaladas en el expediente. La Fiscalía continuará con las líneas de investigación relacionadas con los intermediarios y los congresistas mencionados en la investigación. Las decisiones administrativas sobre sanciones disciplinarias o recuperación de recursos dependerán de actuaciones de control de entidades como la Contraloría y la Procuraduría.
Impacto local
En Galeras, municipio cuya economía depende en buena medida de obra pública y servicios locales, estas actuaciones afectan la confianza ciudadana en la gestión municipal y la percepción sobre el uso de recursos para la recuperación de la malla vial. Vecinos y actores locales ahora esperan claridades sobre los contratos ejecutados y un reforzamiento de controles en futuras licitaciones.
Conclusión
La sentencia contra el exalcalde Remberto Javier Amell Hernández constituye un paso en la judicialización de conductas relacionadas con contrataciones públicas en Sucre. El caso subraya la necesidad de mayor vigilancia en procesos contractuales y la actuación coordinada de autoridades judiciales y de control para garantizar la transparencia y la reparación del daño patrimonial cuando proceda.