La comandancia departamental de la Policía en Chuquisaca confirmó la apertura de un proceso administrativo interno contra un teniente y un subteniente por su presunta participación en un episodio de extorsión registrado en inmediaciones del Estadio Patria, en la ciudad de Sucre.
Imágenes que desencadenaron la investigación
El hecho quedó registrado en grabaciones tomadas por transeúntes y difundidas en redes sociales. En los videos se ve a un hombre con uniforme policial que, junto a otra persona, aborda a un ciudadano que intentaba vender un teléfono móvil en la vía pública. Según la versión oficial, los uniformados se identificaron como miembros de la Policía, señalaron que el equipo era robado y obligaron a la víctima a ingresar a un vehículo.
La denuncia formal, presenta en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), refiere que dentro del automóvil los agresores le habrían sustraído dos celulares y 1.000 bolivianos antes de liberarlo.
Acciones de la institución y obstáculos procesales
El comandante departamental, coronel Roger Iván Costas, informó en rueda de prensa que la División de Inteligencia confirmó la identidad de los dos uniformados a partir de las grabaciones. No obstante, explicó que por el momento no se practicó la detención inmediata de los implicados porque la aprehensión no procede bajo la figura de flagrancia, dado que —según la autoridad— ya habían transcurrido más de 24 horas desde la consumación del hecho.
“Lo que nos está perjudicando en gran manera (…) es que el denunciante prácticamente ha desaparecido”,
dijo el comandante Costas, al señalar que la ausencia de la víctima complica el avance de la investigación penal. Pese a ello, las autoridades anunciaron que los dos oficiales serán reubicados en funciones sin contacto con la comunidad mientras avanza el proceso administrativo.
Consecuencias administrativas y posibles escenarios judiciales
Según la Policía, los uniformados enfrentan sanciones internas por faltas graves si se comprueba su responsabilidad. El procedimiento administrativo puede derivar en sanciones disciplinarias que incluyan la suspensión, pérdida de cargo o incluso la separación definitiva de la institución, dependiendo de los resultados de la investigación interna.
En el plano penal, la traba principal es la ausencia del denunciante. Sin la continuidad de la víctima en el proceso, la Fiscalía o la instancia competente podrían enfrentar limitaciones para avanzar con cargos por extorsión o robo, ya que la prueba testimonial primaria estaría ausente o debilitada.
- Hecho registrado: inmediaciones del Estadio Patria, Sucre.
- Implicados: un teniente y un subteniente del Comando Departamental.
- Bienes reportados como sustraídos: dos celulares y 1.000 bolivianos.
- Acción institucional: proceso administrativo interno; reubicación de los efectivos sin contacto con la población.
Contexto y riesgos para la confianza ciudadana
Casos como este afectan la percepción pública sobre la integridad de la fuerza pública y amplifican la desconfianza ciudadana en la capacidad de protección de las autoridades. La difusión de videos en redes sociales ha acelerado la respuesta institucional, pero también ha puesto de manifiesto la fragilidad de las investigaciones cuando la persona afectada decide no continuar con la denuncia.
Especialistas en seguridad señalan que la colaboración de las víctimas y testigos es clave para sostener procesos penales contra servidores públicos; sin embargo, factores como el miedo a represalias o la desconfianza en el sistema judicial pueden provocar retraimiento en las denuncias. En este caso, la Policía ha apelado a la evidencia audiovisual para sustentar la identificación de los uniformados.
| Elemento | Estado |
|---|---|
| Identificación de los uniformados | Confirmada por División de Inteligencia |
| Detención | No realizada (no aplica flagrancia según la institución) |
| Proceso | Administrativo interno abierto |
| Acción penal | En riesgo por ausencia del denunciante |
Qué sigue
Las autoridades anunciaron que continuarán con las investigaciones internas y que los oficiales desempeñarán otras funciones mientras se esclarecen los hechos. La evolución del caso dependerá en gran medida de la disponibilidad de nuevos testigos, la preservación de material probatorio y, sobre todo, de la eventual reapertura del proceso por parte de la víctima o la aparición de otros denunciantes.
El caso añade presión para que los mecanismos de control interno y la Fiscalía fortalezcan protocolos que permitan procesar conductas irregulares de servidores públicos incluso cuando las víctimas no puedan o no quieran sostener la denuncia, siempre garantizando derechos y debido proceso.
