Un grupo de 45 familias que habitan el campamento Antonio José de Sucre, ubicado en Marapa El Piache, en Catia la Mar, reportan estar sometidas a una presión creciente para desalojar las instalaciones antes del lunes 7 de septiembre. Los residentes aseguran que los responsables del campamento les dieron un ultimátum definitivo y que, de mantenerse la exigencia, quedarán en situación de vulnerabilidad habitacional.
Demandas y limitaciones económicas
Los afectados explican que su permanencia en el campamento responde a una necesidad habitacional real, derivada de la imposibilidad de costear un alquiler en el mercado actual. Informan que la opción de acceder a créditos no es viable a corto plazo por los tiempos de espera y requisitos administrativos.
Además, enfrentan barreras del mercado de arrendamiento: según los moradores, muchos propietarios se niegan a alquilar a familias con hijos, restringiendo la oferta a parejas sin menores. Esta práctica agrava la escasez de alternativas de vivienda para hogares con responsabilidades familiares.
La presión del desalojo y la petición a las autoridades
Los residentes afirmaron que recibieron la advertencia de abandonar el campamento y que, si no lo hacen antes de la fecha señalada, los responsables “no se harían más responsables” por su situación. Ante esa amenaza, las 45 familias hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan y suspendan el ultimátum.
«Nos dijeron que buscáramos hasta el lunes, y que si no, ya no se hacen más responsables de nosotros»
En su mensaje público, las familias pidieron que se garantice el respeto a sus derechos sociales y que se implemente una medida que evite la expulsión forzada sin alternativas de reubicación o asistencia temporal.
Obstáculos familiares y sociales
Los afectados señalan que carecen de redes familiares capaces de acogerlos de forma temporal, lo que incrementa la urgencia de una solución institucional. La combinación de restricciones en el mercado de alquiler, la falta de recursos para afrontar arrendamientos y la ausencia de apoyo familiar coloca a estos hogares en una situación de alto riesgo social.
- Familias afectadas: 45
- Ubicación: Campamento Antonio José de Sucre, Marapa El Piache, Catia la Mar
- Fecha límite reportada: Lunes 7 de septiembre
Datos clave
| Concepto | Información |
|---|---|
| Familias en el campamento | 45 |
| Ubicación | Marapa El Piache, Catia la Mar |
| Plazo de desalojo | Lunes 7 de septiembre (reportado por los residentes) |
Impacto social y próximos pasos
Si se concreta el desalojo sin planes de reubicación o apoyo temporal, las familias podrían enfrentar la pérdida de sus enseres, la fragmentación de sus redes comunitarias y un aumento de la vulnerabilidad, especialmente entre niños y personas de la tercera edad. Los residentes solicitaron la intervención de instancias públicas para mediar en la situación y explorar alternativas como alojamientos transitorios, programas de asistencia o mecanismos de acceso a vivienda social.
En este momento no hay registro en la información proporcionada sobre una respuesta oficial de las autoridades locales, ni sobre medidas concretas por parte de los administradores del campamento para garantizar opciones habitacionales. Las familias reiteran su llamado a que se frene el ultimátum y se abra un canal de diálogo que proteja sus derechos.
Qué pueden hacer las familias en riesgo
- Documentar por escrito las comunicaciones relacionadas con el ultimátum y conservar pruebas de notificaciones.
- Buscar asesoría legal para evaluar cualquier acto de desalojo forzoso y conocer recursos de protección disponibles.
- Contactar a instituciones públicas encargadas de vivienda y protección social para solicitar alternativas temporales o programas de asistencia.
Las circunstancias descritas muestran una emergencia habitacional localizada que requiere una respuesta pronta y coordinada. Las 45 familias del campamento Antonio José de Sucre esperan que las autoridades actúen antes del plazo señalado para evitar una crisis humanitaria local.
