El Tribunal Superior de Sincelejo dictó una pena de 27 años de prisión contra William Martínez Santamaría, quien se desempeñó como director de Comfasucre, al encontrarlo responsable como determinador de la masacre ocurrida el 25 de enero de 2018 en el corregimiento de La Guaripa, municipio de Sucre.
Hechos y vínculo con el conflicto de tierras
La resolución del Tribunal relaciona el crimen con un enfrentamiento por la propiedad de terrenos rurales que tiene antecedentes desde 2009. En ese año, Marlén Cecilia Gómez Merlano, viuda de Eduardo Enrique Escobar Salóm —miembro de la familia propietaria— vendió 679 hectáreas a Martínez. No obstante, el comprador continuó reclamando la totalidad del predio, que la familia identifica como 1.200 hectáreas integradas por las fincas La Concepción y El Trébol.
La disputa por la tierra escaló en el tiempo: según el expediente judicial, entre 2015 y 2017 se registraron amenazas, atentados, agresiones y cuatro desalojos en contra de los integrantes de la familia Escobar Mercado. Estos episodios motivaron múltiples denuncias ante la Fiscalía y otros despachos judiciales.
Proceso judicial y condenas
En primera instancia Martínez había sido absuelto; sin embargo, la Fiscalía y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) presentaron apelación. Tras revisar el caso, el Tribunal resolvió revocar la decisión inicial y condenó tanto a Martínez como a los cuatro implicados que actuaron como autores materiales. Entre los condenados por la ejecución de los homicidios figuran Neiser Manuel Contreras Montiel, Ever Manuel Álvarez Madrid y Roger Alfredo Contreras Macea.
La sanción de 27 años para Martínez se da en calidad de determinador del crimen, mientras que los demás implicados fueron también responsabilizados por su participación directa en los asesinatos.
Antecedentes de violencia y denuncias administrativas
El conflicto no solo tuvo manifestaciones privadas: la familia Escobar Mercado consignó más de 15 denuncias que incluyen actuaciones ante la Fiscalía y distintos juzgados. Además, hubo quejas ante la Procuraduría General de la Nación por presunta participación de miembros de la fuerza pública en uno de los desalojos registrados el 22 de noviembre de 2017.
En esas denuncias aparecen señalados el coronel Julio César Sánchez Molina, identificado como comandante de la Policía del municipio de San Marcos, Sucre, y cerca de una docena de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), a quienes la familia responsabiliza por actuaciones en un desalojo efectuado fuera de la jurisdicción correspondiente.
Víctimas y cronología
| Fecha del hecho | Victimas | Lugar |
|---|---|---|
| 25 de enero de 2018 | Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado | Corregimiento de La Guaripa, municipio de Sucre (Sucre) |
Implicaciones locales y judiciales
La decisión del Tribunal Superior representa un avance en la judicialización de episodios de violencia vinculados a disputas de tierra en el departamento. La condena del exdirector de una entidad regional por determinación de homicidios pone en relieve la complejidad de los conflictos agrarios cuando se entrelazan intereses privados, actores armados y presuntas irregularidades en procesos de desalojo.
- Duración de la pena: 27 años de prisión para William Martínez Santamaría.
- Contexto: controversia por la titularidad de predios entre 2009 y 2018.
- Otros condenados: autores materiales identificados y sancionados por el Tribunal.
La sentencia se suma a una cadena de investigaciones relacionadas con violencia rural en el departamento y obliga a que las administraciones locales y las autoridades judiciales mantengan seguimiento sobre la ejecución de la condena y la reparación a las víctimas.
El fallo también podría reactivar cuestionamientos sobre la conducta institucional en desalojos y la actuación de efectivos policiales en contextos agrarios, aspectos que se encuentran en distintas investigaciones administrativas y penales según los antecedentes del proceso.
Por ahora, la resolución del Tribunal Superior de Sincelejo constituye el paso más reciente en la búsqueda de responsabilidad penal por uno de los episodios más notorios de violencia en el municipio de Sucre durante la última década.
