El tribunal cuestiona la gestión de la prueba
El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha estimado el recurso presentado por un conductor y ha dejado sin efecto una multa de 200 euros impuesta por el Ayuntamiento de Pamplona por estacionar en un espacio reservado temporalmente. La resolución, fechada el 23 de octubre, considera que el afectado no pudo aportar una prueba que había solicitado dentro del procedimiento: las imágenes de las cámaras de seguridad situadas en el edificio del frontón Labrit.
El caso se remonta al 29 de marzo, Domingo de Ramos, cuando el conductor dejó su vehículo en la zona de Santa María la Real, junto al Arzobispado. Según sostuvo en sus alegaciones, en ese momento no había vallas ni señales que advirtieran de la prohibición de aparcar. A las 17:17 horas, un agente de la Policía Municipal formuló la denuncia por estacionar en un espacio ocupado temporalmente por usos o actividades, una situación que debía haber sido señalizada con una antelación de 24 horas. El vehículo fue retirado posteriormente por la grúa municipal.
La solicitud llegó antes de que expirara el plazo
El afectado abonó el 13 de abril la mitad de la sanción, 100 euros, al acogerse al descuento por pronto pago. También pagó 104 euros en concepto de tasa de grúa. Ese mismo día recurrió tanto la multa como la tasa y pidió que se examinaran las grabaciones del frontón Labrit para comprobar si existía señalización en el lugar de los hechos. Su petición se formuló, por tanto, 12 días después de la denuncia y mientras el asunto todavía estaba pendiente de resolución.
El Ayuntamiento rechazó el recurso de reposición el 23 de junio. El informe jurídico municipal se apoyó en la presunción de veracidad del agente, que ratificó la denuncia, y descartó analizar las imágenes al considerar que la prueba no era necesaria.
«por no estimarse necesaria»
El agente explicó además que el coche había sido retirado después de comprobar una lista de vehículos en poder del servicio de grúas. En ella, según consta en la resolución, no figuraba la matrícula del automóvil antes de que se realizara la reserva del espacio.
Las grabaciones ya no estaban disponibles
Cuando el TAN consideró procedente la prueba y reclamó las imágenes, el Consistorio respondió que las grabaciones se conservaban únicamente durante un mes y que ya habían desaparecido. El tribunal califica de «incomprensible» que no se hubieran guardado, especialmente porque el conductor las había solicitado antes de que transcurriera ese plazo y el expediente seguía abierto tanto en la vía municipal como ante el propio órgano administrativo.
La resolución recuerda que los agentes de la autoridad cuentan con una presunción de veracidad respecto a los hechos que observan directamente. Sin embargo, el TAN señala que esa presunción tiene límites y no impide que la persona sancionada proponga pruebas ni obliga a aceptar sin más una versión cuando existen elementos que pueden ser comprobados por otros medios. En este caso, el tribunal entiende que la negativa municipal a conservar y examinar las imágenes privó al conductor de una posibilidad efectiva de defensa.
Datos principales del expediente
| Elemento | Dato |
|---|---|
| Lugar | Zona de Santa María la Real, junto al Arzobispado |
| Fecha de la denuncia | 29 de marzo |
| Sanción | 200 euros, abonados con una reducción del 50 % |
| Tasa de grúa | 104 euros |
| Prueba solicitada | Imágenes de las cámaras del frontón Labrit |
| Resolución | Anulación de la sanción |
El fallo del Tribunal Administrativo de Navarra se centra en la sanción de tráfico y en la imposibilidad de comprobar mediante las cámaras si el estacionamiento estaba correctamente señalizado. El conductor había pedido también la devolución de las cantidades abonadas, incluida la tasa de retirada del vehículo, pero la información disponible sobre la resolución especifica la anulación de la multa y no detalla el resultado de esa petición económica.
El expediente deja así planteada la importancia de conservar las pruebas solicitadas durante la tramitación de un recurso. La decisión no cuestiona de forma general la capacidad de la Policía Municipal para denunciar estacionamientos en espacios reservados ni elimina la presunción de veracidad de sus agentes, pero sí establece que esa presunción debe convivir con el derecho del ciudadano a presentar elementos de descargo. En este caso, la falta de las grabaciones terminó impidiendo verificar una circunstancia central para resolver la controversia y llevó al TAN a anular la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Pamplona.
