Cinco colegios profesionales de la Comunitat Valenciana han expresado su «profunda preocupación» por la reorganización anunciada por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras la salida de Elena Albalat. Las entidades cuestionan que no se designe una persona titular al frente de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia y que la mayor parte de sus competencias se incorpore a la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación.
La posición ha sido fijada conjuntamente por los Colegios Oficiales de Trabajo Social de València, Castelló y Alicante, además de los colegios de Educadoras y Educadores Sociales y de Psicología de la Comunitat Valenciana. En un comunicado, las juntas de gobierno han advertido de que el cambio puede reducir el peso institucional de los Servicios Sociales, afectar al desarrollo del sistema público y repercutir tanto en las condiciones laborales de los equipos como en la atención que recibe la población.
Petición de continuidad y especialización
Las organizaciones han reclamado a la Generalitat que preserve la continuidad del sistema, garantice los recursos necesarios y mantenga la especificidad de las políticas sociales. Su demanda se produce en un momento de remodelación del Consell, cuyo presidente ha presidido en Alicante la toma de posesión de Nuria Martínez como consellera de Servicios Sociales y Justicia.
Los colegios sostienen que la estructura administrativa dedicada a los Servicios Sociales necesita un liderazgo político propio, capacidad presupuestaria y personal especializado. A su juicio, estas condiciones son necesarias para que la Administración pueda responder a situaciones de vulnerabilidad, dependencia, riesgo de exclusión y emergencia social, ámbitos que requieren intervención profesional y continuidad en la gestión.
«No son un apéndice ni un servicio secundario, sino una estructura pública compleja, técnica y esencial que atiende miles de personas en situación de vulnerabilidad, dependencia, riesgo de exclusión o emergencia social».
Preocupación por el impacto asistencial
Las entidades consideran que los Servicios Sociales constituyen el cuarto pilar del Estado del Bienestar y que, por esa razón, no deberían quedar subordinados dentro de otra área de la Administración autonómica. La reorganización, según han señalado, genera una «seria alarma» en el sector por las consecuencias que podría tener en dos planos principales: el funcionamiento de los equipos profesionales y la respuesta que se ofrece a la ciudadanía.
- Rango institucional: los colegios temen que la integración de competencias reduzca la visibilidad y la capacidad de decisión de los Servicios Sociales.
- Recursos y presupuesto: reclaman una estructura con capacidad presupuestaria propia y medios suficientes.
- Atención ciudadana: alertan de posibles efectos sobre las personas en situación de vulnerabilidad, dependencia, exclusión o emergencia social.
En el ámbito profesional, Trabajo Social, Psicología y Educación Social han defendido la necesidad de conservar una dirección política específica para un sistema que califican de técnico y complejo. La preocupación se extiende también a las condiciones de trabajo de quienes integran los equipos de atención, aunque el comunicado no concreta medidas laborales determinadas ni detalla cambios operativos en los servicios.
Una reorganización bajo observación
La controversia se centra, por tanto, en el modelo de organización elegido por el Ejecutivo valenciano después de la salida de la anterior responsable. Las entidades no han limitado su pronunciamiento a la denominación de la conselleria, sino que han vinculado la existencia de una estructura propia con la capacidad de planificación, la disponibilidad de recursos y la especialización de las políticas públicas.
| Ámbito | Posición de los colegios |
|---|---|
| Organización | Reclaman una conselleria propia para los Servicios Sociales. |
| Gestión | Piden liderazgo político específico y capacidad presupuestaria. |
| Atención | Solicitan garantías para la continuidad y los recursos del sistema público. |
Los cinco colegios han insistido en que la prioridad debe ser asegurar la continuidad, la especialización y los recursos de la red pública. Su advertencia queda ahora vinculada a la aplicación de la nueva distribución de competencias y a la capacidad del Consell para mantener la respuesta a las necesidades sociales que atienden los profesionales de estos ámbitos.
