La política de paz de Colombia enfrenta un cambio de rumbo marcado por factores externos e internos que, según El Espectador, están reconfigurando la prioridad del Gobierno nacional en materia de seguridad. En el centro de ese viraje aparece la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSS 2025), promulgada el 25 de noviembre de 2025 por el presidente Donald Trump, y la decisión del Ejecutivo colombiano de suspender por completo los diálogos de paz.
Una influencia internacional que reorienta prioridades
El análisis público apunta a que la NSS 2025, con su énfasis en priorizar la influencia global estadounidense y la consigna
"América primero", ha permeado las decisiones de la administración del presidente Abelardo de la Espriella. Esa influencia explicaría, en parte, la prioridad otorgada a un enfoque militarizado dirigido al desmantelamiento de estructuras armadas, en lugar de mantener una aproximación integral ligada a la transformación social y territorial prevista en el Acuerdo de Paz de 2016.
El acuerdo firmado en La Habana no sólo buscó la dejación de armas, sino también la transformación estructural del conflicto mediante políticas orientadas a cerrar brechas territoriales, la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la sustitución de cultivos de uso ilícito. Además, incluyó medidas específicas para proteger la vida política y social a través del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Siseg).
Suspensión de diálogos y consecuencias institucionales
La suspensión total de los diálogos por parte del gobierno, reporta el artículo, deja en incertidumbre la continuidad de las políticas acordadas y condiciona la definición de la hoja de ruta nacional a decisiones que involucran tanto a Washington como a altas magistraturas colombianas, como la Corte Constitucional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
- Prioridad actual: desmantelamiento militar de estructuras armadas.
- Riesgo: desarticulación de enfoques territoriales y programas sociales del Acuerdo de 2016.
- Actores clave: Gobierno de Abelardo de la Espriella, administración estadounidense y altos tribunales nacionales.
El choque entre la nueva orientación y los compromisos internacionales, con las víctimas y con los firmantes del acuerdo abre una discusión central: si la política estatal privilegiará la acción militar como herramienta principal de pacificación o si continuará una transición que combine seguridad con políticas sociales y justicia transicional.
| Hecho | Dato |
|---|---|
| Promulgación NSS 2025 | 25 de noviembre de 2025 por Donald Trump |
| Presidente colombiano | Abelardo de la Espriella |
| Marco de referencia nacional | Acuerdo de Paz de 2016 (La Habana), PDET, Siseg, JEP |
La recomposición de la política pública de seguridad tiene implicaciones operativas y simbólicas. Operativas, porque puede traducirse en despliegues militares y políticas que reduzcan el énfasis en la implementación de programas socioeconómicos en territorios históricamente afectados por el conflicto. Simbólicas, porque modifica la narrativa estatal sobre cómo se define la paz: ¿como la derrota militar de organizaciones armadas o como la construcción de condiciones estructurales para evitar la violencia?
Además, la subordinación de la hoja de ruta colombiana a lineamientos externos y a decisiones de los altos tribunales nacionales plantea interrogantes sobre la autonomía del Estado en la conducción de la política pública de paz y sobre la garantía de derechos de las víctimas y de los excombatientes comprometidos en la implementación del acuerdo.
El país, por tanto, entra en una coyuntura en la que la tensión entre seguridad y justicia social será determinante para la sostenibilidad de cualquier proceso de reconciliación. La suspensión de los diálogos y la orientación derivada de la NSS 2025 instalan un debate político y jurídico que tendrá efectos en los territorios y en los actores directamente implicados en la construcción y en la preservación del posconflicto.
Frente a este panorama, las decisiones que adopten el Ejecutivo, la justicia constitucional y la JEP serán determinantes para definir si la ruta que se trace prioriza la continuidad del Acuerdo de La Habana o inscribe a Colombia en un nuevo paradigma centrado en la lógica militar y en la alineación con estrategias de seguridad internacionales.
