El presidente Abelardo De La Espriella ordenó el cierre de los espacios activos de la política conocida como Paz Total, una iniciativa impulsada por la administración anterior que durante cuatro años buscó negociaciones, ceses al fuego y mecanismos de sometimiento con diversas estructuras armadas y bandas urbanas. La decisión, según el análisis reproduccido por Infobae Colombia, da por terminado un proceso que no produjo acuerdos colectivos que desarticularan organizaciones armadas de mediano o gran tamaño.
Balance y cambio de estrategia
La finalización de la política fue acompañada por la reactivación de medidas judiciales y una priorización de estrategias de control territorial, persecución penal y sometimiento a la justicia, de acuerdo con la crónica. Lo que el Gobierno describió como un megaproyecto para poner fin a distintos tipos de conflicto combinó negociación con inversión estatal, participación comunitaria y presencia institucional, pero sus resultados operativos no alcanzaron las expectativas planteadas.
El diseño de Paz Total integró, a su vez, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y contempló la posibilidad de mecanismos de sometimiento judicial y diálogos con organizaciones que alegaban motivaciones políticas, además de medidas orientadas a reducir la violencia urbana y territorial. Sin embargo, según el profesor Nicolás Mayorga, de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales, la ejecución no generó mediciones verificables sobre su impacto.
- Duración: cuatro años de conversaciones y acercamientos.
- Objetivo: combinar negociación, inversión estatal y presencia institucional para reducir la violencia y desarticular organizaciones armadas.
- Resultado: ausencia de acuerdos colectivos que desmantelaran organizaciones armadas medianas o grandes; percepción pública de fracaso respecto a las expectativas creadas.
Qué decide el Gobierno ahora
Con el cierre formal de la política, el Gobierno prioriza la reactivación de las vías judiciales y de control territorial antes que la continuación de los espacios de diálogo. La fuente indica que esta orientación implica no solo el desmonte de las mesas y zonas de ubicación temporal que seguían activas, sino también un retorno a herramientas de persecución penal y sometimiento a la justicia como ejes de la política de seguridad.
El cierre fue precipitado por la decisión de poner fin a todos los procesos de negociación, un gesto que según el relato marca el fin formal de una política que, pese a su alcance, no consiguió producir resultados verificables ni el desmontaje de agrupaciones armadas de mayor tamaño.
Crítica y lecciones
Analistas citados en el informe —entre ellos Nicolás Mayorga, y menciones a Camilo González Posso y Francisco Barbosa— plantean que la ambición del plan pudo haber sido excesiva frente a las capacidades técnicas de ejecución y la complejidad política del país. La inclusión simultánea de la implementación del Acuerdo de 2016 y otras iniciativas amplió el alcance del megaproyecto, pero también diluyó su foco operativo.
Entre los elementos que, según el análisis, contribuyeron al resultado están:
- La amplitud de objetivos, que combinó negociación con tareas de inversión y participación comunitaria.
- La falta de indicadores claros y verificables sobre reducción de la violencia y desarme organizacional.
- La dificultad para articular mecanismos judiciales y procesos de sometimiento con garantías y tiempos realistas.
| Fase | Resultado |
|---|---|
| Negociaciones y ceses al fuego (cuatro años) | No produjo acuerdos colectivos que desmantelaran organizaciones medianas o grandes |
| Sometimiento y mecanismos judiciales | Se reactivan tras el cierre de los espacios de diálogo |
El cierre de Paz Total plantea varias preguntas sobre la estrategia estatal para enfrentar la violencia armada en el país: qué capacidades operativas y de verificación debe tener cualquier futura iniciativa, cómo armonizar presencia institucional y justicia, y en qué condiciones los procesos de diálogo pueden transitar sin quedar subordinados a expectativas que no se pueden medir.
La decisión del presidente De La Espriella marca un giro palpable en la política de seguridad nacional y abre una nueva etapa en la que primarán las respuestas judiciales y de control territorial. Quedan por delante las decisiones sobre cómo cuantificar resultados y la ruta para atender los factores sociales y territoriales que alimentan la violencia en las regiones afectadas.
