Acuerdo en Casa Rosada
En una reunión celebrada en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, el Ejecutivo nacional formalizó la delegación a la provincia de San Juan de la responsabilidad sobre varios tramos de la red vial nacional. El acto contó con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, junto a autoridades de Vialidad y del gobierno provincial.
Según el convenio suscripto, la provincia asumirá el financiamiento, la conservación, el mejoramiento y la ejecución de trabajos en las rutas nacionales: 40, 20, 153, 150 y 149, además del Nudo Vial que conecta la RN40 con la RN A014. El acuerdo tendrá una vigencia de 20 años y establece que los trazados continuarán integrando la Red Vial Nacional, mientras que las obras que se concluyan se incorporarán al patrimonio de Vialidad Nacional.
Qué cambia y qué permanece
El esquema implica que la provincia se hará cargo del gasto operativo y de inversión para el mantenimiento y las obras en los tramos delegados. No obstante, la titularidad de las rutas seguirá siendo nacional: la medida es administrativa y financiera, no una transferencia de dominio.
| Elemento | Situación según el convenio |
|---|---|
| Rutas delegadas | RN 40, RN 20, RN 153, RN 150, RN 149 y Nudo Vial RN40–A014 |
| Vigencia | 20 años |
| Titularidad | Permanece en la Red Vial Nacional |
| Destino de obras finalizadas | Incorporación al patrimonio de Vialidad Nacional |
Actores y antecedentes
Además de Santilli, Caputo y Orrego, participaron del encuentro el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann; el administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy; y el ministro de Infraestructura de San Juan, Fernando Perea. La iniciativa replica un modelo implementado previamente con la provincia de Santa Fe, en la que se delegó la gestión de la RN A012.
El objetivo del programa, informaron las autoridades, es descentralizar la financiación del mantenimiento vial y acelerar obras mediante la asunción directa de responsabilidad por parte de las provincias, que podrán además explorar esquemas de concesión privada sin modificar la titularidad nacional de los trazados.
Impacto en San Juan
Para San Juan, la delegación representa la posibilidad de priorizar trabajos puntuales en corredores que son estratégicos para la producción y el turismo provincial. La RN40, por ejemplo, es un eje clave para la circulación a lo largo de la cordillera y para el transporte de insumos y productos agroindustriales y mineros; la RN149 y la RN150 conectan departamentos y sirven al movimiento local.
Al asumir la planificación y el control de las obras, la provincia podrá definir prioridades operativas y licitaciones en función de demandas locales. Sin embargo, la carga financiera pasará a la órbita provincial durante los próximos 20 años, lo que implicará incluir estos compromisos en la programación presupuestaria.
Posibles riesgos y consideraciones
- Mayor presión sobre el presupuesto provincial para afrontar costos de mantenimiento y obras.
- Necesidad de capacidades técnicas y de gestión para administrar contratos y supervisar trabajos.
- Riesgos de coordinación entre niveles si no se definen claramente mecanismos de control y rendición.
El gobierno nacional anunció además que el esquema podría replicarse con otras provincias: Santilli y Caputo prevén reunirse el próximo jueves con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, para avanzar en un traspaso de similar naturaleza.
Qué pueden esperar los usuarios
Los apuntes oficiales indican que los trazados continuarán figurando en la Red Vial Nacional y que las obras terminadas pasarán a integrar el patrimonio de Vialidad Nacional, por lo que los usuarios no deberían ver un cambio en la señalización o en la denominación de las rutas. En la práctica, las obras y el mantenimiento podrán ejecutarse con mayor rapidez si la provincia dispone de recursos y gestión ágil.
Quedan por conocerse los detalles operativos: cronogramas de trabajo, fuentes de financiamiento específicas y si se activarán mecanismos de participación público-privada para acelerar proyectos. Las autoridades provinciales serán las encargadas de comunicar licitaciones y calendarios de obra en los próximos meses.
