Un informe técnico elaborado para el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Agua en Árido y Semiárido (Cigiaa) plantea una reforma integral del marco legal e institucional que regula el agua en la provincia de San Juan. Titulado "El fin de los dogmas", el trabajo advierte que normas centenarias y estructuras administrativas actuales obstaculizan la gestión frente al calentamiento global y la creciente demanda de los distintos usos.
Diagnóstico: leyes y órganos que ya no responden
Los autores del informe, Federico Sanna Baroli y Maximiliano Battistella, sostienen que la Ley de Hidráulica (13-A) de 1942 y el Código de Aguas (190-L) de 1978 limitan el uso eficiente del recurso y generan una «parálisis operativa» ante situaciones críticas. El documento señala fallas tanto en la normativa como en las instituciones encargadas de aplicarla.
Entre los problemas concretos que describe el informe figura la volatilidad política en la conducción del Departamento de Hidráulica: la decisión legislativa de 2015 que modificó la designación del director dejó al organismo con sucesivos cambios de gestión, y en los últimos cinco años habría tenido siete directores, según el diagnóstico.
Consejo de Hidráulica y juntas: composición que bloquea decisiones
El estudio critica también la conformación del Consejo de Hidráulica: un diseño paritario que, en la práctica, facilita el estancamiento. Con una integración rígida —tres representantes de regantes agrícolas y tres oficiales—, el órgano funciona como un espacio de negociación que no incorpora a otros actores clave, según el informe.
Además, las Juntas Departamentales y las Comisiones de Regantes aparecen debilitadas. Insertas dentro del Estado, muchas carecen de autonomía operativa y financiera —el informe llega a afirmar que no pueden realizar compras elementales por sí mismas—, lo que retrasa tareas básicas como la limpieza de canales (la denominada «monda»).
Qué proponen: 15 lineamientos para destrabar la gestión
El estudio concluye con 15 lineamientos destinados a reconfigurar la gestión del agua en la provincia. Entre las propuestas que se detallan en el resumen ejecutivo aparecen tres ejes centrales:
- Separar la administración primaria estatal del manejo operativo secundario a cargo de usuarios autónomos, para dar mayor responsabilidad y capacidad de decisión a las organizaciones usuarias.
- Eliminar el artículo 127 del Código de Aguas, calificado por los autores como un obstáculo restrictivo que limita el aprovechamiento del recurso.
- Rediseñar el Consejo de Hidráulica para incorporar representantes de todos los sectores afectados: agua potable, industria, minería, producción y organizaciones ambientales y comunitarias.
| Problema | Propuesta del informe |
|---|---|
| Marco legal obsoleto | Reforma de leyes y eliminación de normas restrictivas |
| Consejo no representativo | Reconfiguración para incluir más actores |
| Juntas sin autonomía | Transferir gestión secundaria a usuarios autónomos |
Impactos y tensiones locales
El planteo del Cigiaa busca, según sus autores, conciliar el derecho humano al agua con la necesidad de sostener la productividad provincial. En San Juan, donde la agricultura, la industria y la minería demandan recursos hídricos en un contexto semiárido, cualquier cambio legal o institucional tendrá consecuencias operativas y políticas.
El informe subraya que el actual esquema de voto ponderado por hectáreas podría contradecir derechos fundamentales y producir distorsiones en la representación. También alerta sobre demoras administrativas que afectan tareas rutinarias de mantenimiento de redes y canales.
Camino a seguir
Los autores plantean que la modernización del régimen hídrico requiere decisiones coordinadas entre la Gobernación, el Departamento de Hidráulica, el Consejo y los distintos usuarios. El objetivo declarado es destrabar la toma de decisiones administrativas y crear un marco que permita responder con más rapidez y eficacia a los desafíos climáticos.
El informe del Cigiaa abre un debate que tendrá implicancias políticas y sociales. La provincia deberá evaluar si adopta modificaciones legales y cómo redistribuye competencias sin desatender la provisión de agua potable ni la producción. La propuesta, por su alcance, invita a un diálogo amplio entre poderes públicos, sectores productivos y organizaciones ambientales y comunitarias.
El documento técnico ya está disponible para consulta y podría servir de insumo en futuras instancias de debate legislativo o de planificación hidrológica en San Juan.
