El gobernador Marcelo Orrego volvió a respaldar el acuerdo suscripto entre la Provincia y la empresa Vicuña, que contempla un aporte único de hasta USD 250 millones destinado a obras de infraestructura. La rúbrica del convenio llega cuando la Cámara de Diputados provincial se dispone a analizar el entendimiento y genera debate sobre el rol de la inversión privada en proyectos públicos.
Condiciones del aporte y destino de los fondos
Según explicó el mandatario en una rueda de prensa, los desembolsos estarán vinculados al avance y a la certificación de los trabajos, por lo que no se trata de un crédito tradicional que la Provincia deba devolver en las mismas condiciones que un préstamo público. Orrego señaló que el dinero tendrá como destino prioritario obras viales, hídricas y de saneamiento, entre las que mencionó la revalorización de tramos de la Ruta 40 como uno de los proyectos más relevantes.
“Yo no espero que la historia nos cambie a nosotros, nosotros cambiamos la historia de San Juan”.
El gobernador vinculó el acuerdo con la necesidad de buscar alternativas frente a la reducción de fondos nacionales para obras y defendió el entendimiento como una oportunidad para avanzar con proyectos estratégicos para la provincia.
Confianza, reglas y la agenda minera
Orrego atribuyó la posibilidad de concretar el convenio a un proceso previo de construcción de confianza entre el gobierno provincial y el sector privado. Entre los factores que, según él, generaron ese marco favorable, mencionó la estabilidad fiscal, la seguridad jurídica y reglas claras para la actividad minera.
En su intervención, el gobernador destacó el aporte del desarrollo minero al posicionamiento de San Juan frente a una demanda internacional por minerales estratégicos y resaltó el potencial cuprífero de la provincia, vinculándolo con la transición energética global. Sin embargo, no detalló plazos concretos de ejecución ni un cronograma de desembolsos más allá del mecanismo de certificación del avance de obras.
Qué se vota en la Legislatura
La Cámara de Diputados provincial debía comenzar el tratamiento del convenio pocas horas después de la conferencia del gobernador. El proyecto que ingresó para debate plantea la aceptación del aporte y la autorización para que la Provincia suscriba los acuerdos necesarios con Vicuña y con los organismos encargados de certificar las obras.
- Destino principal: obras viales, hídricas y de saneamiento.
- Monto máximo informado: USD 250 millones, desembolso único sujeto a certificación.
- Justificación oficial: compensar la reducción de fondos nacionales para infraestructura.
Transparencia y control
Orrego insistió en que los pagos estarán supeditados a la verificación del avance, aunque no precisó qué organismos públicos independientes participarán del control ni los mecanismos de auditoría que se aplicarán. Ese punto será central en la discusión legislativa y en las observaciones que realicen legisladores y organizaciones de la sociedad civil durante el tratamiento parlamentario.
Para sectores que promueven inversiones extractivas, el convenio se presenta como una oportunidad para acelerar obras clave; para críticos, plantea preguntas sobre el peso del sector privado en la agenda pública y sobre las garantías ambientales y sociales que deberán respetarse durante la ejecución de los proyectos.
| Aspecto | Información disponible |
|---|---|
| Monto máximo | USD 250 millones |
| Destinos principales | Obras viales, hídricas y de saneamiento |
| Condición de pago | Desembolsos vinculados al avance y certificación de obras |
El convenio se enmarca además en la estrategia del Gobierno provincial de atraer inversiones para proyectos mineros y de infraestructura que, según la gestión, aportan recursos y generan empleo. No obstante, la concreción de los montos y la ejecución efectiva de las obras dependerán tanto de la aprobación legislativa como de la capacidad técnica y administrativa para certificar y supervisar los trabajos.
La votación en la Cámara de Diputados será un hito para determinar si el acuerdo avanza sin modificaciones o si se incorporan exigencias adicionales vinculadas al control, la transparencia y las condiciones ambientales y sociales. En los próximos días, la discusión legislativa marcará el rumbo del convenio y, por extensión, la implementación de las obras anunciadas.
