El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, afirmó que las universidades enfrentan un “ahogo financiero” por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional, que lleva ya 300 días sin transferir los montos necesarios para actualizar salarios y becas. La denuncia fue planteada en una entrevista con el móvil de Canal 13 y refleja un conflicto que llegó hasta la Corte Suprema.
Antecedentes judiciales y oferta oficial
Según lo informado por el rector, la Justicia Federal falló en primera y segunda instancia a favor del sistema universitario, ordenando la actualización de los haberes docentes y no docentes y la indexación de las becas estudiantiles. El caso, además, fue ratificado por la Corte Suprema en febrero.
A pesar de esos fallos, Berenguer señaló que la Nación no cumplió con lo dispuesto y que, en el marco de las negociaciones, el Ejecutivo propuso un acuerdo condicionado que los rectores rechazaron. La oferta consistía en un aumento del 21,33% en los sueldos correspondiente a junio y otro 3% en octubre, a cambio de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desistiera de la demanda judicial. Los rectores respondieron con un “no” unánime, según explicó el titular de la UNSJ.
“Decidimos aceptar el dinero porque la situación es asfixiante, pero no dejamos de lado la demanda. Pretendían un arreglo a medias”, dijo Berenguer.
Impacto real en los salarios
El rector indicó que la inflación acumulada supera el 50%, por lo que, aun computando los incrementos parciales ofrecidos por el Ejecutivo, el desfase real en los salarios ronda el 30%. Esa brecha afecta tanto a docentes como a no docentes de las universidades nacionales, y también incide en el poder adquisitivo de los beneficiarios de becas estudiantiles.
Berenguer calificó las maniobras del Gobierno como intentos de dilatar los plazos y minimizar el reclamo, y aseguró que la respuesta de las casas de estudio fue mantener la demanda judicial pese a aceptar, en algunos casos puntuales, los fondos que se ofrecieron para aliviar situaciones urgentes.
Datos clave
- Duración del incumplimiento: 300 días, según la denuncia.
- Aumento propuesto por Nación: 21,33% en junio y 3% en octubre.
- Desfasaje inflacionario acumulado: superior al 50% (según Berenguer).
- Brecha estimada pendiente: alrededor del 30% a favor de los trabajadores universitarios.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Días de incumplimiento | 300 |
| Aumento ofrecido (junio) | 21,33% |
| Aumento ofrecido (octubre) | 3% |
| Inflación acumulada (mencionada) | Superior al 50% |
| Déficit salarial estimado | Alrededor del 30% |
Consecuencias en la provincia
En San Juan, como en el resto del país, el atraso en la transferencia de fondos repercute en la gestión cotidiana de las universidades: pagos, contratación de personal, y continuidad de programas académicos y de investigación. El rector advirtió sobre el “ahogo financiero” que limita la actividad institucional y obliga a las casas de estudio a tomar decisiones difíciles para sostener operaciones y evitar deterioro en la calidad educativa.
El Consejo Interuniversitario Nacional, además, lanzó una campaña pública para visibilizar la situación, comparando la espera de esos 300 días con situaciones habituales de la vida cotidiana, con el objetivo de poner presión y lograr el cumplimiento de lo ordenado por la Justicia.
Siguientes pasos
El conflicto continúa en el ámbito judicial y en la negociación política. Según lo planteado por las autoridades universitarias, la voluntad de aceptar fondos extraordinarios en circunstancias críticas no implica renunciar a la demanda por el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario. La postura de los rectores, incluida la de la UNSJ, es mantener la vía judicial para garantizar la actualización integral y sostenida de los recursos.
El reclamo plantea, además, interrogantes sobre la sostenibilidad del financiamiento universitario frente a la inflación y la necesidad de mecanismos automáticos o fórmulas de ajuste que eviten desfasajes prolongados entre la actualización presupuestaria y los precios reales.
En lo inmediato, resta conocer la respuesta del Gobierno nacional y si habrá nuevas propuestas para saldar la diferencia reclamada por las universidades o si el conflicto avanzará hacia nuevas instancias judiciales o medidas de fuerza por parte de la comunidad académica.
