La seguridad en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción de El Carmen (Norte de Santander), se tensionó esta semana con la decisión del Departamento de Policía Norte de Santander (Denor) de retirar a los uniformados que prestaban servicio en la subestación local tras dos ataques consecutivos que dejaron la infraestructura inutilizable.
Qué ocurrió
Según reportes oficiales, los incidentes incluyeron ataques con drones cargados con explosivos y disparos de fusil contra las instalaciones policiales. El saldo material fue la destrucción completa de la sede, que además quedó sin servicios básicos como agua y energía eléctrica, situación que las autoridades calificaron como inhumana para los uniformados destacados allí.
En el momento del retiro permanecían en la subestación cerca de 20 policías, quienes enfrentaban dificultades para disponer de un espacio digno para dormir y para coordinar operaciones desde el puesto.
Reacciones institucionales
El alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras, confirmó el retiro de los policías y explicó que la estación había quedado fuera de servicios básicos. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, aseguró que la Gobernación no fue notificada previamente del retiro y que, ante el riesgo de que la situación de orden público se agrave, se elevó la alerta al Ministerio de Defensa.
Las autoridades convocaron un consejo de seguridad extraordinario para evaluar alternativas, entre las que figura la reubicación temporal del puesto policial, mientras se define una solución que garantice la presencia institucional en la zona.
Importancia estratégica de Guamalito
Guamalito está ubicado a unos 8 kilómetros de la cabecera municipal de El Carmen y ocupa una posición estratégica sobre el corredor que comunica el sur del Cesar con la región del Catatumbo. Esa localización convierte al corregimiento en un punto vital para el control de movilidad y actividades ilícitas en la región, y explica en parte la presión sobre la subestación policial.
- 2 ataques registrados en pocos días contra la subestación.
- Uso de drones con carga explosiva y disparos de fusil.
- Aproximadamente 20 uniformados desplazados de la sede.
Situación humanitaria y operativa
Fuentes oficiales describieron condiciones que impidieron el sostenimiento de la prestación del servicio policial en la subestación: falta de agua, energía y espacios adecuados para el descanso y la coordinación de operaciones. Esa precariedad motivó la decisión de retirar al personal, medida que sin embargo generó inquietud en la comunidad local y en autoridades municipales.
El episodio plantea preguntas sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en puntos rurales y estratégicos de la frontera, y sobre las alternativas operativas para mantener presencia institucional sin exponer a los miembros de las fuerzas públicas a riesgos extremos.
Medidas y próximos pasos
En el marco del consejo de seguridad extraordinario, las autoridades plantearon como alternativa la reubicación temporal del puesto policial. La Gobernación, que según su secretario de Seguridad no fue previamente informada del retiro, elevó la alerta a la Nación para buscar apoyo y coordinación con fuerzas armadas y organismos de inteligencia.
| Aspecto | Situación |
|---|---|
| Ubicación | Guamalito, corregimiento de El Carmen (a ~8 km de la cabecera) |
| Incidentes | 2 ataques (drones con explosivos y disparos de fusil) |
| Personal afectado | Cerca de 20 policías retirados tras la destrucción de la sede |
| Servicios | Estación sin agua ni energía |
Mientras se define la estrategia de reubicación y refuerzo, persiste la preocupación de autoridades locales y pobladores por el vacío institucional y el riesgo de que actores armados aprovechen la ausencia para incrementar sus acciones en el corredor estratégico hacia el Catatumbo.
La región de Norte de Santander ha enfrentado históricamente dinámicas de violencia asociadas a grupos armados y economías ilícitas; el retiro de la Policía en Guamalito es un episodio que pone en evidencia la complejidad de mantener la presencia del Estado en zonas rurales expuestas a ataques selectivos y tecnología bélica no convencional, como el uso de drones cargados con explosivos.
Las autoridades locales esperan que las instancias nacionales respondan con medidas de protección y reconstrucción de la sede, o con alternativas logísticas que permitan restablecer la seguridad y la confianza de la comunidad en el corto plazo.
