En la noche del lunes 10 de agosto y en la madrugada del martes siguiente, operaciones militares dirigidas contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona rural de los municipios de Tibú y San Calixto, en el Catatumbo, dejaron a la población civil afectada, según la Defensoría del Pueblo, la Personería de San Calixto y líderes locales.
Heridos, daños y desplazamientos
Organizaciones de derechos humanos y autoridades locales informaron que las detonaciones y bombardeos produjeron heridas en al menos tres campesinos, daños en varias viviendas y desplazamientos forzados de familias. Los nombres de las personas señaladas como afectadas ante las organizaciones son: Elfido Galván, Lucía Amparo Guerrero y Yadimier Ascanio.
La Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo también documentó movimiento de familias que abandonaron sus predios por temor a nuevas acciones militares y a la presencia de artefactos en la zona.
Versión del Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa confirmó la operación y calificó lo ejecutado como una “importante operación” contra una estructura del ELN que delinque en Norte de Santander. Según el comunicado oficial, el resultado incluyó la muerte de dos presuntos integrantes del grupo armado y la incautación de material bélico.
“En la noche del pasado lunes 10 de agosto, las Fuerzas Militares ejecutaron una importante operación contra una estructura criminal del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que delinque en Norte de Santander”.
En su comunicado, la cartera afirmó que se localizaron y destruyeron dos búnkeres y cinco áreas campamentarias, además de aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos y 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, así como material de comunicaciones e intendencia. El Ministerio insistió en que la operación se ejecutó bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario y que no hubo afectación a la población civil.
Discrepancias entre versiones
Mientras las autoridades nacionales sostienen que se minimizaron riesgos para civiles y uniformados y que se respetaron reglas de distinción y proporcionalidad, la Defensoría del Pueblo y la Personería de San Calixto reportan impactos directos en habitantes de la zona. Esa diferencia sobre el alcance de las afectaciones motiva la verificación y el seguimiento humanitario en la región.
- Fecha de la operación: Noche del 10 de agosto y madrugada del 11.
- Municipios involucrados: Tibú y San Calixto.
- Víctimas civiles reportadas: 3 campesinos con heridas.
- Resultados militares reportados: 2 presuntos abatidos; incautación de explosivos y material bélico.
Datos resumidos de la operación
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Presuntos integrantes del ELN neutralizados | 2 |
| Explosivos incautados | 1,5 toneladas |
| Granadas adaptadas para drones | 440 |
| Búnkeres destruidos | 2 |
| Áreas campamentarias desmontadas | 5 |
Contexto y consecuencias locales
El Catatumbo es una región con presencia histórica de grupos armados ilegales y ha sido escenario de operaciones militares y enfrentamientos que afectan la vida cotidiana de comunidades rurales. Las denuncias de la Defensoría y de organizaciones locales suelen activar rutas de atención humanitaria y solicitudes de verificación de presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
En esta ocasión, la aparición de víctimas civiles y el desplazamiento de familias aumentan la presión sobre las autoridades regionales para garantizar atención médica, asistencia humanitaria y seguridad en los corredores de salida de la población afectada.
Qué se espera ahora
Las entidades locales y la Defensoría anunciaron la verificación de posibles afectaciones y la búsqueda de mecanismos para proteger a las personas desplazadas. En tanto, el Ministerio de Defensa mantiene la versión sobre el éxito de la operación y la legalidad de la acción. La discrepancia entre ambos relatos marcará la agenda de control y acompañamiento en los próximos días.
En una zona tan sensible como el Catatumbo, los episodios de confrontación armada suelen generar efectos multiplicadores sobre la seguridad alimentaria, el acceso a servicios básicos y la movilidad de comunidades campesinas, por lo que la atención humanitaria y la investigación independiente de los hechos serán determinantes para establecer responsabilidades y medidas de reparación.
