Un video divulgado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contiene lo que la guerrilla califica como prueba de vida de Jayson Bonilla, el conductor de una ambulancia de la ESE Norte que fue secuestrado el pasado 10 de septiembre en zona rural del municipio de Tibú, en el Catatumbo (Norte de Santander).
Declaraciones bajo cautiverio
En el material —que según el grupo armado está editado— Bonilla aparece en condiciones de secuestro y afirma que, supuestamente, era obligado a transportar “encomiendas” desde Cúcuta hasta Tibú. En su relato, el conductor asegura que en parte de esos envíos había drones, artefactos que, según él, se usan para atacar con explosivos a comunidades y a la fuerza pública.
“A mí me obligaron a llevar cajas desde Cúcuta a Tibú. Me mostraron una foto de mi familia y me dijeron que tenía que llevar encomiendas. Yo subía cajas cada dos semanas y me pagaban en Cúcuta. No me decían nunca qué era, hasta que me di cuenta de que eran drones y otras cosas”,
El mismo video reproduce la versión de Bonilla de que, pese a sus reclamos, recibió una negativa cuando pidió que no se siguiera utilizando la ambulancia para esos traslados: “Yo les dije que no podía transportar más encomiendas porque ya había comentarios, pero me decían que no, que yo sabía cómo era con ellos y que no me podía salir”, expresa en la grabación.
Contexto del secuestro y situación del resto de la misión médica
El incidente ocurrió cuando la ambulancia prestaba servicio en una emergencia en zona rural de Tibú. Según el relato sobre lo ocurrido, miembros del ELN interceptaron el vehículo en el que se movilizaban cinco integrantes de la misión médica; minutos después fueron liberadas cuatro personas, mientras Bonilla permaneció privado de la libertad.
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 10 de septiembre | Intercepción de la ambulancia y secuestro de Jayson Bonilla en zona rural de Tibú. |
| 13 de septiembre | Difusión por parte del ELN de un video con prueba de vida del conductor. |
Impacto humanitario y seguridad
El uso de vehículos de emergencia con fines distintos a la atención médica representa un riesgo directo para personal de salud y pacientes, y socava las garantías de protección que asisten a las misiones médicas. La aparición del video reaviva la preocupación por la seguridad en zonas rurales del Catatumbo, una región con historial de presencia de grupos armados y actividades ilícitas que afectan la movilidad y la prestación de servicios.
Organizaciones humanitarias y autoridades suelen advertir que instrumentalizar ambulancias o recursos sanitarios incrementa la vulnerabilidad de la población civil, aunque en este caso el material difundido proviene del ELN y contiene declaraciones bajo presión, circunstancia que limita su valor probatorio independiente.
Acciones pendientes y puntos de interés
- Verificación independiente de la autenticidad y fecha del video entregado por el ELN.
- Seguimiento por parte de autoridades locales y nacionales sobre el paradero de Jayson Bonilla y gestiones para su liberación.
- Investigación sobre el eventual uso de la ambulancia en traslados vinculados con grupos armados y, si procede, medidas para garantizar la protección del personal de salud.
Hasta el momento no se han conocido comunicaciones públicas oficiales que confirmen la veracidad de las afirmaciones presentes en la grabación ni reportes sobre negociaciones concretas por la liberación del conductor. La difusión del video, no obstante, obliga a las autoridades y a las organizaciones que trabajan en la región a mantener una atención prioritaria sobre la seguridad de las misiones médicas y la situación humanitaria en el Catatumbo.
La aparición de pruebas de vida en manos de grupos armados suele ser una táctica que combina presión psicológica y demandas políticas o materiales. En este caso, el relato de Bonilla incorpora acusaciones específicas sobre el traslado de drones y otros elementos, lo cual añade complejidad a la investigación y a las implicaciones en materia de seguridad.
Mientras avanza la verificación de la información, en los municipios fronterizos del departamento persiste la inquietud por la capacidad de atención en salud y por la seguridad del personal que diariamente enfrenta riesgos para llevar servicios básicos a comunidades rurales afectadas por el conflicto.
