Informe judicial cuestiona actuaciones del entonces defensor del Pueblo en Ocaña
Un testimonio revelado en un expediente de la Fiscalía y difundido por Noticias RCN coloca bajo escrutinio a Ever Pallares, quien se desempeñaba como defensor del Pueblo de Ocaña, por supuestos contactos con un presunto integrante del ELN en el marco de la liberación de una secuestrada.
La imagen que hoy adquiere nueva relevancia fue tomada el 13 de noviembre de 2025, cuando Clara Serrano recuperó su libertad tras un año en cautiverio, y muestra al liberado junto a Pallares, un sacerdote y otra persona. Esa fotografía fue difundida originalmente como registro de la salida de la víctima; sin embargo, según el testimonio incorporado al expediente, hay pasos previos que no habían sido revelados públicamente.
- El testigo, un familiar de la víctima cuya identidad se mantiene bajo reserva, declaró ante la Fiscalía que sostuvo conversaciones telefónicas con un hombre identificado como alias 'Darío', señalado como uno de los responsables del secuestro.
- De acuerdo con la declaración, ‘Darío’ advirtió que la liberación dependería del pago completo de la suma exigida: “si no le hacíamos el pago de los cuatro mil millones restantes no la iban a soltar”, dijo el familiar según el expediente.
- En el documento consta que el 24 de junio de 2025 Ever Pallares llamó al familiar y le relató que había estado en la zona del Catatumbo y que se había reunido con alias ‘Darío’.
“Si no le hacíamos el pago de los cuatro mil millones restantes no la iban a soltar”, indica el testimonio incorporado al expediente.
El relato del familiar, que aparece en la carpeta de investigación, sugiere una relación entre la gestión de la supuesta intermediación y las exigencias económicas impuestas por los captores. Según ese testimonio, Pallares habría comentado que el presunto integrante del ELN estaba molesto con la familia por las gestiones que adelantaban ante organismos del Estado.
Implicaciones locales y proceso judicial
La inclusión de esta declaración en la investigación de la Fiscalía plantea preguntas sobre la naturaleza y el alcance de las intervenciones de funcionarios públicos en casos de secuestro relacionados con grupos armados. Para los habitantes de Ocaña, la investigación toca un punto sensible: la confianza en quienes representan y defienden derechos en contextos de violencia y conflicto.
Hasta el momento de la divulgación del testimonio, la carpeta judicial contiene la declaración del familiar y la fotografía de la liberación; no se han informado en ese reporte otros elementos probatorios adicionales que vinculen penalmente a Pallares más allá del registro fotográfico y del referido testimonio. Noticias RCN difundió en exclusiva este material, que fue incorporado por la Fiscalía en su averiguación sobre hechos relacionados con el ELN.
Contexto del caso
Clara Serrano había sido secuestrada cuando intentó interceder por la libertad de su hermano, el ganadero Cristian Serrano. La movilización para obtener su liberación incluyó diversas gestiones de la familia y, según la declaración del pariente, comunicaciones con personas identificadas por la familia como interlocutores de los captores.
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 24 de junio de 2025 | Según el testimonio, llamada de Ever Pallares al familiar informando encuentro con alias 'Darío'. |
| 13 de noviembre de 2025 | Fotografía de la liberación de Clara Serrano con Pallares y otras personas. |
La situación abre un debate sobre los límites de la gestión humanitaria y la intermediación en escenarios de secuestro y violencia, sobre todo cuando intervienen actores que ocupan o han ocupado cargos públicos en el municipio.
En Ocaña, donde la presencia de grupos armados y las afectaciones a comunidades rurales son realidades conocidas, este tipo de revelaciones suelen generar desconfianza en los procesos institucionales y reclamos de mayor transparencia en las investigaciones. Las autoridades judiciales tienen ahora el reto de esclarecer los hechos con pruebas que confirmen o descarten las versiones incluidas en el expediente.
El desarrollo de la investigación y cualquier decisión judicial relacionada con los hechos contenidos en el expediente determinarán si hay responsabilidades penales o administrativas para quienes aparecen vinculados en el caso. Por ahora, lo que existe públicamente es la declaración del familiar, la fotografía y la decisión de la Fiscalía de incluir estos elementos en su averiguación, según informó Noticias RCN.
La ciudadanía de Ocaña, afectada por la historia de violencia regional, observa con atención el avance de este proceso y espera que la investigación permita aclarar lo ocurrido, garantizar justicia para las víctimas y fijar precedentes sobre la actuación de servidores públicos en situaciones de conflicto.
