En los últimos meses Nariño ha registrado cambios sustanciales en las dinámicas del conflicto armado, caracterizados por una reorganización territorial de los actores ilegales y la adaptación de sus economías ilícitas. Según los reportes recopilados, la ofensiva de las Fuerzas Militares y la frustrada desmovilización de sectores autodenominados ‘Comuneros del Sur’ han abierto vacíos que otros grupos buscan ocupar.
Actores y estrategias en disputa
Los principales grupos mencionados en los informes son el ELN, las disidencias de las Farc y varias estructuras locales que han emergido o recrudecido su accionar. Entre estas últimas figuran las Autodefensas Unidas de Nariño, la columna Urias Rondón (vinculada al Comando Coordinador de Occidente) y el frente Franco Benavides (relacionado con el Estado Mayor Central).
Frente a la presión sobre las rutas del narcotráfico —donde las operaciones militares han afectado laboratorios, rutas fluviales y cadenas logísticas—, las organizaciones armadas han tratado de consolidar su control sobre territorios mineros y corredores que conectan economías ilícitas con la salida hacia el Pacífico y la frontera con Ecuador.
Impactos territoriales y económicos
Históricamente, el narcotráfico ha sido el motor económico más influyente en varias subregiones de Nariño; el departamento concentra extensas zonas cocaleras y dispone de corredores claves para la exportación del estupefaciente. La presión estatal ha modificado parcialmente esas rutas, pero también ha generado reacomodos: grupos más pequeños o fragmentos de estructuras mayores intentan ahora ocupar puntos estratégicos para mantener o ampliar sus ingresos ilícitos.
- Reconfiguración territorial: ocupación de corredores y zonas mineras tras golpes a redes de tráfico.
- Multiplicidad de actores: presencia simultánea de ELN, disidencias, autodenominadas autodefensas y columnas regionales.
- Adaptación económica: diversificación de actividades ilícitas para sostener control y financiamiento.
Consecuencias para la población
La disputa por el control territorial repercute directamente en la vida de comunidades rurales y urbanas: aumento de episodios de violencia, alteración de vías de comunicación y riesgo para la movilidad de campesinos, transportadores y comerciantes. Aunque los informes no entregan cifras puntuales en este momento, las fuentes locales señalan que la presión sobre espacios de producción y tránsito de estupefacientes suele ir acompañada de extorsiones, desplazamientos forzados y cambios en las economías locales.
Respuesta estatal y limitaciones
Las operaciones de la Fuerza Pública han logrado desarticular estructuras y afectar cadenas logísticas del narcotráfico en la costa pacífica y el piedemonte costero. No obstante, esos golpes también provocan reacomodos y la fragmentación de organizaciones, lo que a veces dificulta su erradicación definitiva y favorece la aparición de nuevos actores que buscan apropiarse de los espacios dejados vacíos.
| Actor | Rol o dinámica reportada |
|---|---|
| ELN | Reorganización territorial y presencia en distintas modalidades |
| Disidencias de las Farc | Continúan como actores clave en economías ilícitas |
| Autodefensas Unidas de Nariño | Acciones para ocupar zonas estratégicas |
| Columna Urias Rondón | Expandir control en corredores (Comando Coordinador de Occidente) |
| Frente Franco Benavides | Operaciones para apropiarse de espacios (Estado Mayor Central) |
Claves para la ciudadanía
Ante este panorama, es importante que las comunidades mantengan canales de información confiables y que las autoridades locales prioricen la protección de poblaciones en riesgo. Las estrategias de control territorial requieren, además de acciones militares, medidas integradas que incluyan alternativas económicas, presencia institucional sostenida y garantías de derechos para la población afectada.
La complejidad del conflicto en Nariño muestra que las derrotas tácticas de las redes criminales no siempre equivalen a una solución estructural: la erradicación de cultivos, la desarticulación de laboratorios o la captura de cabecillas puede generar reacomodos que, si no se acompañan de políticas públicas integrales, mantienen las condiciones para la continuidad de la violencia.
En este contexto, autoridades regionales y nacionales deberán evaluar cómo coordinar acciones de seguridad con programas de desarrollo y acompañamiento social para evitar que los vacíos dejados por un actor sean inmediatamente ocupados por otro. La vida cotidiana de las familias nariñenses depende de esa articulación.
