En la tarde de ayer, la ciudad de Ipiales fue escenario de un acto público de memoria y protesta por las mujeres y niñas cuya vida ha sido arrebatada por hechos de violencia. La jornada, promovida por la Secretaría de Gobierno municipal en articulación con el movimiento feminista Batucada Sur-versiva, buscó visibilizar los casos recientes y exigir celeridad en las investigaciones y medidas efectivas de protección.
Conmemoración, denuncia y reclamo de justicia
Durante la convocatoria se recordó a varias víctimas cuyos nombres se han convertido en emblema del reclamo colectivo. Entre ellas figuraron Blanca Eméria Pardo Rosero, además de Gina Alexandra Obando Zambrano (25 años), Lizbeth del Socorro Fuelpaz Colimba (25 años) y Erika Gisell (15 años). La actividad combinó espacios de memoria, testimonios y llamados públicos a las instituciones competentes para que las investigaciones avancen hasta establecer responsabilidades.
“No podemos acostumbrarnos a que la muerte de una mujer se convierta simplemente en una cifra. Cada nombre representa una vida, una familia y una historia que merece ser recordada”, dijo María Victoria Bonilla, del movimiento Batucada Sur-versiva.
Exigencias al Estado y propuestas del movimiento
Organizaciones de mujeres y autoridades locales coincidieron en que, más allá del duelo, es prioridad reforzar la prevención, la protección y la atención integral. En el acto se planteó la necesidad de sistemas de alerta temprana, protocolos claros de respuesta interinstitucional y mayor accesibilidad a rutas de atención para personas en riesgo.
Los participantes plantearon que las acciones no deben limitarse a la investigación post mortem, sino que deben enfocarse en evitar la repetición de episodios mediante políticas públicas, educación en igualdad y dotación presupuestal y técnica para las entidades encargadas de la protección.
Impacto social y comunitario
El evento mostró la afectación extendida que generan estos hechos en familias y comunidades de la región. Representantes del movimiento feminista señalaron que detrás de cada caso hay una trama de relaciones, amenazas previas o señales de riesgo que, en ocasiones, no fueron atendidas a tiempo. Por ello, la memoria pública busca también vulnerar la naturalización de la violencia de género.
- Reclamo principal: mayor celeridad en las investigaciones y sanciones efectivas.
- Medidas demandadas: fortalecimiento de rutas de protección, prevención y atención integral.
- Actores movilizados: Secretaría de Gobierno municipal y Batucada Sur-versiva.
Víctimas recordadas
| Nombre | Edad |
|---|---|
| Blanca Eméria Pardo Rosero | - |
| Gina Alexandra Obando Zambrano | 25 |
| Lizbeth del Socorro Fuelpaz Colimba | 25 |
| Erika Gisell | 15 |
La ausencia de edades para algunos casos responde a la información publicada por las organizaciones convocantes, que priorizaron los nombres como elementos de memoria y exigencia.
Responsabilidad institucional y pendientes
La movilización sirvió también para recordar que la exigencia de justicia implica compromisos concretos por parte de la Fiscalía, la Policía Nacional, las secretarías locales y otros organismos que deben garantizar investigación efectiva, protección de denunciantes y acompañamiento psicosocial a familias afectadas. Las organizaciones insistieron en la necesidad de protocolos que permitan identificar y atender tempranamente amenazas o patrones de violencia intrafamiliar y de género.
Asimismo, se subrayó la urgencia de programas locales de prevención que lleguen a zonas rurales y poblaciones vulnerables, donde a menudo las barreras de acceso a la justicia son mayores y la estigmatización limita la denuncia.
La jornada concluyó con un llamado a mantener viva la memoria de las víctimas y a no normalizar la violencia contra las mujeres. Las voces congregadas en Ipiales pidieron que cada nombre sea motivo de debate público y de políticas concretas que eviten nuevas tragedias.
En las próximas semanas, colectivos locales anunciaron seguimiento a las investigaciones abiertas y nuevas actividades de sensibilización. Mientras tanto, las familias y comunidades continúan esperando respuestas que traduzcan el reclamo en acciones eficaces y sostenibles.
