El sur de Nariño atraviesa una nueva ola de violencia que ha dejado consecuencias humanitarias y operaciones militares en varios municipios. Aunque el 6 de abril de 2025 fue anunciada la supuesta desmovilización de la facción ‘Comuneros del Sur’, los hechos reportados en los últimos meses muestran que esa promesa no se materializó y que la presencia de estructuras armadas ilegales persiste en la región.
Reaparición de combates y desplazamientos
Según el reporte, la facción insurgente conocida como Comuneros del Sur continúa protagonizando enfrentamientos con disidencias de las Farc, en particular con el denominado Frente Franco Benavides del Estado Mayor Central. Estas confrontaciones concentran su influencia en zonas del sur de Nariño, departamento que, además, registra una alta presencia de cultivos de coca y múltiples puntos de salida para el tráfico internacional de estupefacientes.
La violencia ha generado una crisis humanitaria que, de acuerdo con lo informado, incluye el desplazamiento de más de 1.000 personas en municipios de la cordillera nariñense, con casos relevantes en Linares y Cumbitara. En Linares, los combates se han concentrado en veredas como La Cocha, Tambillo de Bravos y Parapetos, lo que ha provocado el éxodo de campesinos hacia los cascos urbanos y el agravamiento de problemas sociales locales.
Operaciones de la Fuerza Pública
En respuesta a la amenaza de las estructuras ilegales, la Fuerza Pública ha realizado operaciones que incluyen la neutralización de artefactos explosivos, la destrucción de laboratorios para procesamiento de drogas y golpes a estructuras armadas en diferentes municipios del departamento.
En la zona rural de Barbacoas, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres No. 14, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Hércules, destruyeron un depósito ilegal con material de guerra y elementos para el accionar de grupos armados.
“Muerte y coca es la Paz Territorial. del Gobernador de Nariño”.
Hallazgos y daños materiales
En la operación mencionada en Barbacoas, las fuerzas militares encontraron y destruyeron aproximadamente 100 kilogramos de explosivos y 52 medios de activación. Estos hallazgos apuntan a la capacidad de las organizaciones para mantener arsenales y realizar acciones ofensivas que ponen en riesgo a las comunidades rurales.
| Hecho | Detalle |
|---|---|
| Anuncio de desmovilización | 6 de abril de 2025 (Gobernador Luis Alfonso Escobar y Presidencia) |
| Desplazamientos | Más de 1.000 personas en Linares y Cumbitara |
| Explosivos incautados | ≈ 100 kg y 52 medios de activación (Barbacoas) |
Impacto social y riesgos para la población
El flujo de desplazados hacia los centros urbanos genera presiones sobre servicios básicos, acceso a alimentos y condiciones de alojamiento, según el informe. El desplazamiento masivo de campesinos también altera las actividades agrícolas y la economía local en municipios afectados por los combates.
La persistencia de economías ilícitas vinculadas a la coca, junto con la fragmentación de las estructuras armadas, complica la respuesta institucional y la posibilidad de garantizar seguridad territorial en áreas rurales de difícil acceso.
Contexto político y de seguridad
El retorno de la violencia llega en un contexto en el que la anunciada iniciativa de desmovilización no logró consolidarse, lo cual representa un revés para las expectativas de consolidación de la Paz Territorial en la región. Las autoridades han respondido con operaciones militares puntuales, pero la continuidad de los enfrentamientos evidencia la complejidad del problema.
- Municipios mencionados: Linares, Cumbitara, Barbacoas, Tumaco.
- Actores armados: Comuneros del Sur; Frente Franco Benavides (disidencias de las Farc).
- Fuerzas involucradas: Batallón de Operaciones Terrestres No. 14; Fuerza de Tarea Hércules.
La situación en el sur de Nariño sigue siendo volátil. Las autoridades departamentales y nacionales enfrentan el reto de proteger a la población civil, desarticular las economías criminales y garantizar condiciones para la asistencia humanitaria a los desplazados. La evolución del conflicto en las próximas semanas definirá si las acciones militares y las políticas de seguridad logran reducir la intensidad de los combates y las afectaciones a las comunidades.
