La Gobernación de Nariño declaró la calamidad pública y la condición de urgencia manifiesta ante la ola de incendios forestales que ha afectado 29 de los 64 municipios del departamento, según informó el Gobierno departamental. Las autoridades contabilizan 150 incendios que han consumido más de 1.800 hectáreas de bosque nativo y áreas de cultivo de pancoger.
Medidas administrativas y recursos
La declaratoria busca acelerar trámites y acciones administrativas para reforzar la respuesta técnica y operativa contra las conflagraciones. El gobernador Luis Alfonso Escobar señaló que la medida permitiría actuar con mayor rapidez frente a la emergencia y facilitar la ejecución de recursos.
“Esta medida nos permite tomar acciones más inmediatas para atender la emergencia”, dijo el gobernador.
Entre las acciones anunciadas está la aceleración de la ejecución de $3.500 millones destinados a dotar con kits forestales a los cuerpos de bomberos y a la conformación de una brigada de reacción inmediata para apoyar a los municipios cuya capacidad de respuesta sea superada por las conflagraciones.
Áreas de mayor afectación
Las labores de control se concentran principalmente en las subregiones de Abades, Occidente y Guambuyaco, donde las condiciones de sequía y los vientos han dificultado las labores de extinción. Las administraciones locales, junto con organismos de socorro y cuerpos de bomberos, mantienen operaciones de contención y prevención.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Incendios reportados | 150 |
| Hectáreas afectadas | 1.800+ |
| Municipios impactados | 29 de 64 |
| Recursos anunciados | $3.500 millones |
| Bomberos beneficiados | 32 cuerpos |
Fortalecimiento de capacidades operativas
La Gobernación confirmó que los $3.500 millones se orientarán, en primera instancia, a dotación de kits forestales para 32 cuerpos de bomberos del departamento. Esa inversión incluye herramientas y equipos especializados para el control de incendios en zonas rurales y de difícil acceso.
Además, se creará una brigada de reacción inmediata para apoyar a los municipios cuyas capacidades locales se vean rebasadas. La articulación provincial con alcaldías, organismos de socorro y la Policía Nacional es clave para la logística de despliegue y la priorización de áreas críticas.
Riesgo climático y calendario de atención
Las autoridades expresaron preocupación por las condiciones climáticas previstas para agosto y la posibilidad de que el riesgo se intensifique en septiembre. Esa proyección obliga a mantener un estado de vigilancia ampliado y a sostener recursos humanos y materiales en terreno durante las próximas semanas.
- Monitoreo permanente: seguimiento a focos activos y nuevas emergencias.
- Coordinación municipal: reuniones con alcaldes para priorizar apoyo a cuerpos de bomberos locales.
- Prevención comunitaria: campañas para reducir prácticas que puedan desencadenar incendios en zonas agrícolas y periurbanas.
Impacto socioambiental y retos locales
La pérdida de coberturas vegetales nativas y de parcelas de pancoger tiene implicaciones directas en la seguridad alimentaria de comunidades rurales y en la conservación de servicios ecosistémicos en cuencas y páramos. La recuperación de suelos y corredores biológicos demandará atención técnica sostenida y recursos para la restauración, aspectos que no se resuelven en días.
Las autoridades departamentales han pedido a la ciudadanía y a las administraciones municipales mantener medidas de prevención y reportar de inmediato cualquier conato de incendio. La declaratoria de calamidad pública busca justamente facilitar procedimientos para la compra de insumos, contratación de apoyo técnico y la posibilidad de acceder a recursos extraordinarios en tiempo real.
La emergencia sigue siendo dinámica. La Gobernación anunció que las mesas técnicas y los operativos se mantendrán durante los próximos días para contener los focos activos y proteger a las comunidades más expuestas.
