En Nariño se alzan voces que demandan diálogo y garantías de verificación luego de que el Gobierno anunciara el levantamiento de algunas mesas de paz. Organizaciones sociales, líderes regionales y expertos consultados en espacios nacionales señalaron que, pese a las decisiones administrativas, existen avances comprobables en procesos de negociación que requieren seguimiento y protección para las comunidades afectadas.
Avances que se mencionan y la petición de mantener canales
Durante la emisión de un programa nacional, se hizo énfasis en el caso de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), en el cual, según lo expuesto por uno de los participantes, hubo elementos verificables que demuestran tendencias favorables en el terreno:
- 99 personas ubicadas en una zona de ubicación temporal.
- Reducción de homicidios en Nariño y Putumayo.
- Entrega de material explosivo por parte de esa organización.
- Acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos.
Quienes en la región conocen la dinámica del conflicto advierten que estas medidas —cuando existen y son verificadas— no deben desmantelarse sin un mecanismo de seguimiento que incluya a autoridades locales, organismos humanitarios y anillos de verificación independientes.
Reacciones de analistas y políticos
En la discusión nacional participaron distintas voces. Armando Novoa, exjefe negociador de paz del gobierno anterior, cuestionó la medida de levantar mesas en sectores donde se habían observado avances concretos. Desde el Congreso, legisladores y analistas llamaron a valorar lo logrado y a explorar alternativas que eviten retrocesos.
En el mismo espacio radial, otros interlocutores abordaron temas no directamente ligados al proceso de paz, como reformas al Código Nacional de Tránsito y medidas de gestión de servicios públicos, lo que refleja la complejidad de agenda que enfrenta el territorio, entre seguridad, movilidad y gestión de recursos hídricos.
Impacto local y necesidades urgentes
Para las comunidades de Nariño, la continuidad de los procesos de paz significa más que acuerdos en papel: implica seguridad cotidiana, posibilidad de sustituir economías ilícitas por opciones lícitas y garantías para el retorno o la convivencia en territorios afectados. La suspensión de mesas sin un plan alterno puede aumentar la incertidumbre y dejar a las víctimas y a quienes transitan hacia la desmovilización en situación de vulnerabilidad.
| Aspecto | Situación señalada |
|---|---|
| Zonas temporales | 99 personas registradas en una ubicación temporal |
| Seguridad | Reducción de homicidios en Nariño y Putumayo (según participantes en el debate) |
| Desarme | Entrega de material explosivo reportada |
| Sustitución de cultivos | Acuerdos en curso para reemplazo de cultivos ilícitos |
Qué reclaman líderes locales
Las peticiones desde Nariño se concentran en:
- Migrar de la suspensión a mecanismos de verificación continuos que involucren a la sociedad civil.
- Proteger a quienes participan en procesos de ubicación temporal o sustitución de cultivos.
- Asegurar recursos y programas de sustitución económica sostenibles y con enfoque regional.
Según las intervenciones públicas, el cierre de mesas debe venir acompañado de una ruta clara de garantías para no perder los avances alcanzados en materia de reducción de violencia y desarme.
Contexto regional
Nariño ha sido escenario de conflictos armados y de economías ilícitas por décadas, con impactos significativos en población civil, movilidad humana y seguridad rural. Cualquier retroceso en procesos de paz repercute de manera directa en comunidades campesinas, jóvenes y familias que han asumido cambios en su vida cotidiana para transitar hacia actividades lícitas.
Ante la incertidumbre, organizaciones sociales y autoridades locales ponen el acento en la necesidad de garantizar presencia institucional efectiva, medidas de protección y la reapertura de canales de diálogo que permitan consolidar los pasos ya dados.
En las próximas semanas, la evolución de estas decisiones y la respuesta del Gobierno a los reclamos de la región serán determinantes para definir si los logros reportados en materia de vida y seguridad se sostienen o si, por el contrario, se corre el riesgo de nuevas dinámicas de violencia en territorios de Nariño y Putumayo.
