El expresidente y exgobernador Álvaro Uribe llegó al Complejo Judicial de la Fiscalía para declarar en una indagatoria relacionada con su posible participación en crímenes que sacudieron al departamento de Antioquia en la década de 1990. La investigación apunta a su presunta relación con las masacres de El Aro y La Granja, y con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
La Fiscalía le formuló a Uribe cargos por concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, según la información difundida por medios nacionales. El caso, que arrastra más de dos décadas, volvió a cobrar impulso tras diligencias recientes que motivaron la citación del exmandatario.
Origen y trayectoria del expediente
El expediente que investiga los hechos tiene recorrido en la Fiscalía y la Corte. Documentos públicos y reportes periodísticos registran que la investigación lleva alrededor de 26 años, pasó a la Corte Suprema cuando Uribe fue senador en 2014 y retornó a la Fiscalía tras su renuncia al cargo en 2020. Los incidentes investigados ocurrieron en la zona rural de Ituango y otras localidades de Antioquia en 1996 y 1997.
| Acontecimiento | Periodo |
|---|---|
| Masacre de El Aro | 1997 |
| Masacre de La Granja | 1996–1997 |
| Asesinato de Jesús María Valle | Años 90 |
Declaraciones y versiones
Antes de ingresar a las instalaciones de la Fiscalía, Uribe se pronunció públicamente y rechazó haber cometido homicidios. En medios y redes se difundió su mensaje en el que se distancia de lo que él calificó como confrontaciones políticas contemporáneas. En concreto, dijo:
“Al gobierno Petro lo combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un Presidente del Senado con condiciones de patriota”.
En paralelo, la investigación incorpora versiones de terceros. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso rindió declaraciones ante la Fiscalía y, según reportes, afirmó en su encuentro que “no me consta” la participación de Uribe en incursiones específicas. Sin embargo, en versiones entregadas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Mancuso señaló que se reunió en la finca del entonces gobernador y que “Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”, según reconstrucciones periodísticas de sus testimonios.
Impacto en Antioquia
Las masacres de El Aro y La Granja dejaron un saldo de decenas de víctimas, desplazamientos masivos y heridas profundas en comunidades rurales de Antioquia. Los procesos judiciales buscan esclarecer responsabilidades y ofrecer respuestas a las familias de las víctimas. La citación de un exgobernador y expresidente por hechos ocurridos en su administración revive demandas de verdad, justicia y reparación en las zonas afectadas.
- Investigación: cargos por concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.
- Testimonios: declaraciones de Salvatore Mancuso ante Fiscalía y versiones entregadas a la JEP.
- Trayectoria procesal: expediente con más de 26 años, pasó por la Corte Suprema y retornó a la Fiscalía.
La visita de Uribe a la Fiscalía también tiene resonancia política. En medio de la diligencia, el expresidente aprovechó para criticar indirectamente la actual administración nacional y marcar distancia con corrientes políticas que, según él, no comparten su postura. Esos pronunciamientos suelen tener eco en la opinión pública de Antioquia, donde Uribe conserva un importante núcleo de respaldo.
Próximos pasos y expectativas
Tras la indagatoria, la Fiscalía deberá definir si formula cargos formales, solicita medidas cautelares o archiva la investigación respecto del expresidente. El proceso continuará con análisis de evidencias, cotejo de versiones y determinaciones que pueden tardar meses o años, dada la complejidad y el volumen de material reunido a lo largo de más de dos décadas.
Para las comunidades afectadas de Ituango y otras localidades, la expectativa principal es que el procedimiento contribuya a establecer responsabilidades y a avanzar en las rutas de reparación y memoria. La diligencia de hoy marca un nuevo capítulo en un expediente que sigue siendo uno de los más sensibles para la justicia y la sociedad antioqueña.
