Investigación disciplinaria por la licitación de festejos de 2023
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Acacías, Meta, Eduardo Cortés Trujillo, por presuntas irregularidades en un proceso de contratación pública que buscaba contratar apoyo logístico para las celebraciones del aniversario y otros festivales del municipio durante 2023. El anuncio fue hecho en Bogotá el 4 de septiembre de 2026, según el comunicado institucional.
Según la investigación disciplinaria, el exfuncionario habría intervenido en el procedimiento para que la licitación no fuera declarada desierta y, con ello, favorecer a una oferente. La Procuraduría indica que Cortés Trujillo, presumiblemente conocedor de la situación, habría apartado a las evaluadoras jurídicas y al jefe de la Oficina de Contratación para evitar que el proceso fuera declarado desierto y, posteriormente, designó nuevos evaluadores que permitieron la continuidad del trámite contractual.
Responsables y conducta atribuida
Además del exalcalde, la Procuraduría formuló cargos a Jimmy Fernando Alarcón Jiménez, quien fue miembro del comité evaluador. A él se le atribuye haber habilitado una propuesta que no allegó toda la documentación exigida, recomendar la adjudicación y suscribir el acta que culminó con la celebración del contrato OCA-777-2023, a pesar de una inhabilidad advertida por las evaluadoras jurídicas.
La Procuraduría calificó provisionalmente como gravísima a título de dolo la conducta atribuida a Cortés Trujillo, y la de Alarcón Jiménez como grave a título de dolo.
Estos conceptos provisionales del ente de control señalan la posible existencia de dolo —es decir, intención— en las actuaciones atribuidas. La calificación disciplinaria abre la vía a sanciones administrativas que pueden incluir suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos, dependiendo del resultado definitivo del proceso.
Implicaciones para la contratación pública local
En una región donde la celebración de aniversarios municipales y festivales genera movimiento económico para comerciantes, proveedores de servicios y cultores locales, las irregularidades en la adjudicación de contratos afectan no sólo la legalidad del gasto público sino la confianza ciudadana en la transparencia de la Alcaldía. La decisión de la Procuraduría pone en el centro del debate cómo se condujeron los procedimientos de contratación en 2023 y cuáles controles internos funcionaron o fallaron.
- Actores involucrados: exalcalde Eduardo Cortés Trujillo y miembro del comité evaluador Jimmy Fernando Alarcón Jiménez.
- Objeto del proceso: apoyo logístico para el aniversario y festivales municipales de Acacías, 2023.
- Contrato afectado: OCA-777-2023.
- Calificación provisional: gravísima a título de dolo (Cortés); grave a título de dolo (Alarcón).
Datos resumidos
| Persona | Cargo/función | Atribución disciplinaria |
|---|---|---|
| Eduardo Cortés Trujillo | Exalcalde de Acacías | Presunto apartamiento de evaluadoras y designación de nuevos evaluadores; calificado provisionalmente como gravísima a título de dolo |
| Jimmy Fernando Alarcón Jiménez | Miembro del comité evaluador | Presunto habilitamiento de propuesta incompleta, recomendación de adjudicación y firma del acta; calificado provisionalmente como grave a título de dolo |
La actuación de la Procuraduría se enmarca en sus competencias de control disciplinario sobre servidores públicos y exservidores, con el objetivo de investigar comportamientos que puedan vulnerar los principios de la función pública, como la transparencia y la selección objetiva de oferentes.
Para los habitantes de Acacías, además del significado jurídico de la investigación, está en juego la claridad sobre cómo se manejan los recursos destinados a eventos locales que generan actividad comercial y empleo temporal. La decisión de formular cargos es un paso procesal que no agota la investigación ni impone sanciones automáticas; sin embargo, abre un proceso en el que se evaluarán pruebas, testimonios y responsabilidades administrativas.
El caso también pone de relieve el papel de las evaluadoras jurídicas internas de los procesos de contratación, cuya observación sobre la inhabilidad fue, según la Procuraduría, ignorada en la continuidad del trámite. Ese elemento será clave en el análisis disciplinario que sigue su curso.
La comunidad espera que el procedimiento aporte certezas sobre lo ocurrido y revise prácticas para fortalecer los mecanismos de control en la Alcaldía, de modo que la contratación pública responda a criterios técnicos, legales y de equilibrio en la asignación de recursos. La Procuraduría continuará con el trámite disciplinario conforme a su calendario interno.
