La controversia territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia volvió a tomar fuerza en las últimas horas después de declaraciones públicas de los mandatarios de ambos municipios sobre la jurisdicción de sectores como Villa Campestre, el Corredor Universitario y Ciudad Mallorquín.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, manifestó que la posición de la ciudad quedó respaldada por dos sentencias del Consejo de Estado y por un informe técnico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) remitido al Congreso de la República. Con base en esos elementos, el mandatario dijo que la capital del Atlántico “recupera los territorios que siempre le pertenecieron” y anunció la intención de llevar inversiones y obras al área.
“Barranquilla recupera los territorios que siempre le pertenecieron. Ahora vamos a llevar a Villa Campestre, el corredor universitario y Ciudad Mallorquín a otro nivel. (…) Se confirma que estos sectores hacen parte de nuestra ciudad. Esto nos permitirá invertir en obras, alumbrado, espacio público, parques y todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Llegaremos con todo nuestro equipo a transformar este sector de Barranquilla”, dijo el mandatario distrital durante una visita a Villa Campestre.
Reacciones y contrapuntos
La respuesta desde Puerto Colombia no se hizo esperar. El alcalde Plinio Cedeño rechazó las declaraciones de Char y sostuvo que su administración mantiene el control del territorio cuestionado. El cruce de pronunciamientos aumentó la tensión política en la zona, que concentra población residencial, instituciones educativas y comercio.
El Distrito de Barranquilla destacó como hitos del proceso la anulación de ordenanzas que, según la administración, segregaron territorio de la capital: mencionó la nulidad de ordenanzas de 1999 y 2010, atribuida al Consejo de Estado con sentencias de 2004 y 2025, respectivamente. Además del respaldo judicial, se mencionó el informe técnico del IGAC enviado al Congreso como sustento cartográfico y administrativo para la reclamación.
Qué está en discusión
Los puntos concretos que han encendido el conflicto son:
- La pertenencia administrativa de Villa Campestre, área residencial de alto crecimiento.
- La delimitación del Corredor Universitario, zona de infraestructura educativa y tránsito estudiantil.
- La jurisdicción sobre Ciudad Mallorquín, sector con vocación de vivienda y comercio.
En el discurso de la Alcaldía distrital se enfatiza que la constatación jurídica y técnica abre la posibilidad de ejecutar proyectos urbanos: alumbrado, parques, mejoramiento del espacio público y otras obras de impacto social. Esa prospectiva es, precisamente, el ángulo que mayor preocupación genera en Puerto Colombia, que afirma su autoridad sobre esos territorios.
Fechas y decisiones relevantes
| Hecho | Referencia temporal |
|---|---|
| Anulación de ordenanzas que segregaban territorio | Ordenanzas de 1999 (sentencia 2004) y 2010 (sentencia 2025) |
| Informe técnico del IGAC | Remitido al Congreso de la República (mencionado en pronunciamientos) |
Los datos consignados por las administraciones se apoyan en sendas decisiones judiciales y en estudios cartográficos, pero el choque político muestra que la controversia no es solo técnica: tiene efectos prácticos sobre quién ejecuta inversiones, administra servicios públicos y lidera el ordenamiento del suelo.
Impacto para los vecinos
Más allá de los pronunciamientos oficiales, los efectos reales para los habitantes pueden ser significativos: la municipalidad que ejerza jurisdicción definirá la priorización de obras, cobro de impuestos, gestión de servicios y permisos urbanísticos. En sectores densamente poblados como Villa Campestre, cualquier cambio de autoridad puede traducirse en proyectos de infraestructura o en ajustes en planes de desarrollo local.
Por ahora, el conflicto luce en clave administrativa y política: se mueven expedientes, se citan sentencias y se invoca cartografía oficial. Lo que falta es una consolidación clara y pública del acto administrativo final que determine la jurisdicción definitiva y, con ella, la hoja de ruta para la ejecución de obras y servicios.
La disputa promete mantenerse en la agenda pública en las próximas semanas, con posibles escenarios de diálogo interinstitucional, nuevas actuaciones judiciales o acuerdos entre las alcaldías implicadas. Mientras tanto, los residentes de los sectores en disputa observan cómo la discusión entre gobiernos impactará su vida cotidiana.
