La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana AT-019 de 2026 para los municipios de Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo, por la presencia y actuación de grupos armados ilegales que, según el organismo, están ejerciendo una fuerte gobernanza sobre la población civil en el centro del departamento del Atlántico.
Modos de control y riesgos para la población
El informe señala que esa gobernanza se manifiesta en la imposición de restricciones a la movilidad, la distribución de panfletos intimidatorios y el establecimiento de límites territoriales que condicionan la vida cotidiana de las comunidades. Además, los grupos se están beneficiando económicamente mediante la regulación y disputa de rentas ilícitas, entre ellas la extorsión, el microtráfico y el abigeato estructurado.
“fronteras invisibles” y procesos que anuncian “exterminio social” contra personas estigmatizadas y migrantes
La Defensoría advierte además el aprovechamiento de rutas fluviales y terrestres para el traslado de armas, estupefacientes e insumos químicos, lo que agrava la dinámica criminal en la zona y aumenta la probabilidad de hechos violentos.
Impacto letal: aumentos en las tasas de homicidio
Entre los datos que motivaron la alerta figura un aumento sustancial de homicidios selectivos, atentados, amenazas y desplazamientos forzados silenciosos. Las cifras oficiales consignadas por la Defensoría muestran incrementos alarmantes en la tasa de homicidios en municipios del centro del Atlántico.
| Municipio | Tasa homicidios 2023 (x100.000) | Tasa homicidios 2025 (x100.000) |
|---|---|---|
| Sabanalarga | 9,23 | 31,55 |
| Baranoa | 2,16 | 24,88 |
En Sabanalarga la tasa casi se cuadruplicó entre 2023 y 2025, mientras que en Baranoa el incremento es superior a 11 veces en el mismo periodo, de acuerdo con el análisis de la Defensoría.
Actores armados implicados
El documento identifica la coexistencia y disputa violenta entre distintas estructuras criminales: el autodenominado EGC (Ejército Gaitanista de Colombia o 'Clan del Golfo'), grupos regionales como Los Costeños (Bloque Resistencia Caribe) y Los Pepes, así como la presencia de Los Rastrojos Costeños y bandas delincuenciales tercerizadas. Esa pluralidad de actores explica, según la Defensoría, la intensidad y fragmentación de la violencia.
- Restricciones a la movilidad y control de rutas locales y fluviales.
- Distribución de panfletos con amenazas y estigmatización de poblaciones.
- Incremento de homicidios selectivos y desplazamientos silenciosos.
Zonas rurales y corredores viales en la mira
La Defensoría destaca hechos violentos en zonas rurales y corredores específicos, como la trocha La Tomatera (vía Baranoa–Polonuevo) y la vía hacia el corregimiento Sibarco, donde se han reportado enfrentamientos y hechos que obligan a la población a modificar su movilidad y rutinas por riesgo directo.
El ente defensor advierte sobre consecuencias humanitarias en el territorio: afectación de derechos básicos, temor generalizado y riesgo de desplazamientos masivos si no se adoptan medidas integrales por parte de las autoridades competentes.
Demandas y responsabilidades institucionales
Con la Alerta Temprana, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades locales, la Gobernación del Atlántico, la Policía Nacional y la Fuerza Pública para que adopten acciones preventivas, garanticen la protección de comunidades vulnerables y restauren condiciones de seguridad y movilidad. El documento también sugiere medidas de contención de economías ilegales que sustentan la actividad criminal.
La situación descrita obliga a fortalecer la presencia institucional en municipios del centro del departamento y a diseñar respuestas que combinen seguridad, atención humanitaria y programas de restitución de derechos para las poblaciones afectadas.
Mientras tanto, las comunidades locales siguen en alerta y evalúan su propia seguridad diaria ante la persistencia de amenazas y restricciones impuestas por los grupos armados.
