En un episodio que agrava la crisis de seguridad en el departamento del Cauca, cuatro personas fueron asesinadas en hechos ocurridos entre el 28 de agosto y la madrugada del 1° de septiembre en zonas rurales vinculadas al municipio de Cajibío. Las víctimas incluyen a dos líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como a dos firmantes del Acuerdo Final de Paz, todos previamente amenazados según reportes oficiales.
Hechos y víctimas
El primer hecho ocurrió el 28 de agosto, cuando José Deifer Giraldo y su hijo, Yerlín Andrey Giraldo, fueron interceptados mientras se desplazaban hacia un proyecto productivo en la vereda El Porvenir. Ambos, firmantes del Acuerdo Final de Paz y miembros de la Corporación Reencuentros —organización que trabaja en la búsqueda de personas desaparecidas en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas—, fueron sacados de la vía y asesinados.
El segundo ataque se registró en la madrugada del 1° de septiembre en el corregimiento La Pedregosa, donde María Ovidia Palechor Anacona y su esposo James Edímer Flor fueron ultimados dentro de la vivienda que compartían. Según las primeras versiones, varios hombres armados ingresaron a la casa y les dispararon en repetidas ocasiones; ambos murieron en el lugar.
Perfiles y vínculos con la defensa de derechos
María Ovidia Palechor Anacona era una lideresa indígena de ascendencia Yanacona y se había desempeñado durante años en la defensa de víctimas, derechos colectivos, territorio y comunidades étnicas. En su trayectoria ejerció funciones como coordinadora del Programa Mujer y del Programa de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
James Edímer Flor integraba la Mesa Departamental de Víctimas del Cauca, mientras que José Deifer y Yerlín Andrey Giraldo realizaban labores con la Corporación Reencuentros que incluyeron, según reportes, la verificación de condiciones en un cementerio de Roldanillo, Valle del Cauca, en el marco de labores relacionadas con el terremoto ocurrido el 10 de agosto.
| Nombre | Rol | Fecha del homicidio | Lugar |
|---|---|---|---|
| María Ovidia Palechor Anacona | Lideresa indígena (CRIC) | 1° de septiembre | Corregimiento La Pedregosa, Cajibío |
| James Edímer Flor | Miembro Mesa Departamental de Víctimas | 1° de septiembre | Corregimiento La Pedregosa, Cajibío |
| José Deifer Giraldo | Firmante del Acuerdo / Corporación Reencuentros | 28 de agosto | Vereda El Porvenir / ruta hacia Popayán |
| Yerlín Andrey Giraldo | Firmante del Acuerdo / Corporación Reencuentros | 28 de agosto | Vereda El Porvenir / ruta hacia Popayán |
Reacción institucional
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó los homicidios y recordó que las cuatro personas ya venían siendo amenazadas por su labor social en el Cauca. La condena de la JEP se suma a las preocupaciones expresadas por organizaciones sociales y autoridades sobre el aumento de agresiones contra liderazgos locales en el departamento.
Contexto y preocupaciones
Estos crímenes se producen en un contexto de continuas amenazas a defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo Final de Paz y líderes étnicos en varias zonas del Cauca. Además, las labores de búsqueda de personas desaparecidas tras el sismo del 10 de agosto han puesto en movimiento a organizaciones y familiares que, en algunos casos, han sido objeto de hostigamientos y ataques.
- Cuatro personas asesinadas en menos de una semana en el Cauca.
- Las víctimas cumplían roles de liderazgo social, étnico y de reparación.
- Existían reportes de amenazas previas contra las víctimas.
Implicaciones locales
El asesinato de estos líderes y firmantes tiene efectos directos en la protección de derechos, la confianza en procesos de búsqueda de desaparecidos y en la tranquilidad comunitaria de municipios rurales como Cajibío. La pérdida de referentes locales y de quienes coordinan iniciativas de memoria y reparación dificulta actuaciones comunitarias y aumenta la sensación de vulnerabilidad en las poblaciones afectadas.
Hasta el momento de la publicación no se han difundido detalles adicionales sobre responsables materiales o avances en las investigaciones por parte de las autoridades competentes. La JEP y organizaciones que trabajan en la región han insistido en la necesidad de medidas de protección para líderes y firmantes en riesgo.
La repetición de estos hechos obliga a las autoridades locales y nacionales a reforzar la investigación y la protección de quienes realizan labores de memoria, reparación y defensa de derechos en el Cauca, donde la violencia contra la sociedad civil sigue dejando un saldo de impunidad y temor.
