La reciente alerta temprana de la Defensoría del Pueblo que advierte sobre la presencia y actividad de estructuras armadas de carácter nacional en municipios del centro del Atlántico prendió las alarmas entre varios mandatarios locales. La advertencia señala un escenario de riesgo en Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo, por la convergencia de grupos que, según la entidad, podrían generar hechos de violencia e inseguridad.
Reacción de los municipios
Autoridades municipales consultadas calificaron la situación con preocupación y urgieron respuestas coordinadas entre los niveles de Gobierno. El alcalde de Baranoa recordó que ya en 2022 se había emitido una alerta similar y sostuvo que las condiciones no han mejorado; por el contrario, afirmó que la problemática se ha agravado y que ya se observan “secuelas” de aquel aviso previo.
“Preocupación enorme, porque en el 2022 ya se había emitido la Alerta 029... y en estos días la Defensoría del Pueblo emite una nueva alerta, la 019, lo cual incrementa aún más esa preocupación y nos pone de presente que las cosas no han mejorado desde el punto de vista de la presencia de estas bandas. Tenemos que actuar ya.”
El mandatario municipal solicitó la realización de un consejo de seguridad con la participación de la Gobernación del Atlántico y el Gobierno Nacional, con el objetivo de coordinar estrategias que permitan minimizar el impacto del accionar de estos grupos en los municipios afectados.
Demandas puntuales de los alcaldes
Ante el panorama, las peticiones de los municipios giran en torno a tres ejes principales:
- Refuerzo de la presencia de la Fuerza Pública en las zonas identificadas como de riesgo.
- Coordinación interinstitucional entre Nación, Gobernación y alcaldías para diseñar acciones conjuntas.
- Fortalecimiento de capacidades locales para la prevención del delito y la protección de comunidades vulnerables.
En su intervención, el alcalde de Baranoa advirtió sobre el interés de las organizaciones criminales en apropiarse de “rentas criminales” y en la comisión de delitos de alto impacto, entre ellos homicidios selectivos, microtráfico y explotación de menores, efectos que, según él, ya se están presentando en la región.
Municipios en la alerta
La Defensoría del Pueblo especificó la presencia de riesgo en cinco municipios del centro del departamento. A continuación, una tabla resumida con los puntos señalados por la entidad:
| Municipio | Observación |
|---|---|
| Luruaco | Convergencia de estructuras armadas |
| Repelón | Escenario de riesgo por presencia de grupos |
| Sabanalarga | Zonas con posible accionar delictivo organizado |
| Baranoa | Reportes de rentas criminales y delitos de alto impacto |
| Polonuevo | Identificación de riesgo por grupos armados |
Impacto local y necesidades
La alerta temprana busca prevenir hechos violentos y proteger a la población; sin embargo, la lectura de las autoridades locales apunta a que no ha sido suficiente para detener la consolidación de estos grupos en la zona. Los alcaldes insisten en que, además del despliegue policial y militar, se requieren acciones sociales y de inteligencia que reduzcan las condiciones que facilitan la expansión de organizaciones criminales.
El reclamo de los mandatarios incluye, igualmente, programas dirigidos a jóvenes y familias en riesgo, para intentar romper ciclos de reclutamiento y sometimiento a economías ilegales. Mientras tanto, la exigencia inmediata es la articulación de una respuesta que combine prevención, presencia estatal y judicialización de los responsables.
¿Qué sigue?
Las autoridades locales esperan que la Gobernación del Atlántico y el Gobierno Nacional respondan a la solicitud de convocar un consejo extraordinario de seguridad. Allí, según los alcaldes, deberán definirse medidas concretas —incluido el aumento de patrullajes, operativos de inteligencia y trabajos interinstitucionales— para contener la amenaza y garantizar la seguridad de la población.
La nueva alerta pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de coordinación entre niveles de Gobierno. La pelota está ahora en la cancha de las entidades departamentales y nacionales para demostrar, con hechos, que las advertencias se traducen en protección efectiva para las comunidades del Atlántico.
