La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado de preocupación por los recientes enfrentamientos armados y la expansión de incendios en áreas rurales del departamento de Nariño, hechos que —según la entidad— afectan de manera directa la seguridad y los medios de vida de comunidades campesinas.
Zonas afectadas y actores armados
La alerta se centra en los municipios de Linares y Los Andes, donde se han registrado combates entre grupos armados que, reportó la Defensoría, incluyen al Frente Comuneros del Sur, las Autodefensas Unidas de Nariño y disidencias de las FARC bajo el mando del alias “Iván Mordisco”.
Los episodios violentos han involucrado ataques con artefactos explosivos que han puesto en riesgo la vida e integridad de la población civil, además de afectar la capacidad de las comunidades para asegurar su alimentación y conservar sus áreas productivas.
Veredas y territorios con mayor impacto
La Defensoría identificó varias veredas y sectores rurales donde se concentran los mayores daños, entre ellas:
- La Cocha
- Parapetos
- Bella Florida
- Tambillo de Bravos
- El Estanque
- Arenal
- Villanueva
Además de los combates, se reportan incendios que avanzan sobre áreas cultivadas, zonas montañosas y territorios que son fundamentales para la subsistencia de las familias campesinas en Linares.
| Municipio | Veredas/sectores reportados | Impactos señalados |
|---|---|---|
| Linares | La Cocha, Parapetos, Bella Florida, Tambillo de Bravos, El Estanque, Arenal, Villanueva | Combates, artefactos explosivos, incendios en áreas agrícolas y montañosas |
| Los Andes | Veredas rurales (no se listan individualmente) | Combates y riesgo para la seguridad alimentaria |
Consecuencias humanitarias y ambientales
La Defensoría advierte que la confluencia de violencia e incendios agrava los riesgos para la vida y la integridad personal, compromete la seguridad alimentaria de las comunidades y deteriora el entorno natural. Estas afectaciones, señaló la entidad, dificultan la supervivencia y la capacidad productiva de poblaciones rurales que dependen de la agricultura y de recursos locales.
En el contexto andino y fronterizo de Nariño —donde las dinámicas de violencia histórica han tensionado territorios y economías familiares—, la presencia de artefactos explosivos representa un riesgo adicional para las labores de limpieza, atención humanitaria y recuperación de cultivos.
Petición a los grupos armados y a las autoridades
Ante este panorama, la Defensoría formuló varios requerimientos dirigidos tanto a los grupos armados como a las autoridades competentes:
- Respetar y proteger a la población civil, absteniéndose de involucrarla en hostilidades.
- Permitir el acceso y el trabajo seguro de los organismos de socorro en el departamento.
- Brindar información que confirme la inexistencia de artefactos explosivos o municiones sin detonar en las zonas afectadas, con el fin de garantizar condiciones seguras para la atención de emergencias.
- No interferir con los procesos de protección, evacuación y asistencia de las personas afectadas.
La solicitud apunta a que se garantice la llegada y operación de equipos de emergencia, así como la seguridad necesaria para que brigadas de atención realicen labores de contención y ayuda humanitaria sin riesgos añadidos por explosivos o nuevos combates.
Necesidad de respuestas coordinadas
La situación descrita por la Defensoría exige una respuesta integral que combine acciones de protección de la población, intervención humanitaria, control de incendios y desminado o verificación de áreas por parte de las autoridades competentes. Asimismo, el control de incendios es crucial para preservar la capacidad productiva de las veredas afectadas y reducir el impacto ambiental.
Mientras tanto, las comunidades esperan garantías para su seguridad y condiciones que les permitan retornar a sus labores cotidianas sin exponerse a las labores bélicas. La región andina de Nariño, marcada por su vocación agrícola y montañosa, enfrenta nuevamente un desafío que pone en juego vidas, territorios y modos de vida tradicionales.
Las autoridades locales y nacionales, así como los organismos de respuesta, deberán informar de manera oportuna sobre las medidas que se adopten para atender la emergencia y proteger a las comunidades afectadas.
