Un nuevo choque entre Poderes sacude a la provincia: el juez Marcelo Nieto Di Biase ordenó al Ejecutivo de Chubut comprar carne roja para reforzar las raciones destinadas a las personas detenidas, luego de un habeas corpus colectivo presentado por defensores. La medida se dictó en el marco de las protestas pacíficas que llevan adelante internos por la calidad y cantidad de los alimentos que reciben.
La orden y la respuesta del Ejecutivo
La resolución judicial fijó un plazo de 72 horas para que el Estado provincial implemente la compra y garantice la incorporación de proteína animal en los menús carcelarios. Tras conocerse el fallo, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres rechazó públicamente la resolución y adelantó que el Ejecutivo no la acatará.
“No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días. Eso es una locura”, dijo Torres en declaraciones difundidas por medios regionales.
En su mensaje publicado en la red social X, el mandatario vinculó la orden judicial con una supuesta tendencia de algunos magistrados a proteger a personas privadas de la libertad por encima de los intereses de los vecinos. Además, cuestionó fallos que, según su visión, dificultan labores operativas como allanamientos o la extracción de teléfonos celulares en causas por estafas.
Origen del reclamo y postura del área de Justicia
El reclamo que motivó el habeas corpus surgió tras manifestaciones de los internos, que desde hace semanas —y con mayor intensidad en el último mes— protestan por la calidad de la alimentación. Según consta en la causa, la empresa contratada para proveer las viandas habría reducido la cantidad de proteínas en los menúes. Esa situación fue reconocida en una audiencia por el subsecretario de Justicia provincial, Rodrigo Miquelarena.
El fallo busca garantizar condiciones mínimas de alimentación y salubridad en los establecimientos penitenciarios a partir de una interpretación del derecho a la integridad física y la salud de las personas detenidas.
Implicaciones y puntos de tensión
El choque pone en evidencia varios nudos que atraviesan a la gestión pública local:
- Competencia institucional: hay una tensión abierta entre una decisión judicial y la voluntad política del Ejecutivo provincial.
- Contratación y control de proveedores: la reducción de proteínas en las viandas pone en el centro la fiscalización de contratos y el cumplimiento de especificaciones técnicas.
- Seguridad y opinión pública: la retórica del gobernador apunta a un enfoque punitivo que busca respaldar la percepción de quienes demandan mano dura frente a la delincuencia.
Datos relevantes
| Hecho | Detalle |
|---|---|
| Órgano que dictó la medida | Juzgado a cargo de Marcelo Nieto Di Biase |
| Plazo otorgado | 72 horas para acatar la orden |
| Origen del reclamo | Habeas corpus colectivo por la calidad de la alimentación |
| Reconocimiento oficial | Subsecretario Rodrigo Miquelarena admitió una reducción de proteínas en los menús |
Qué está en juego para Chubut
Más allá del debate retórico, la disputa tendrá efectos prácticos: si el Ejecutivo decide no acatar la orden, la contienda podría escalar a instancias superiores y generaría un desgaste institucional. Si se cumple la medida, surgirán preguntas sobre el financiamiento de compras adicionales y el control de las prestaciones tercerizadas en el sistema penitenciario.
En la provincia, donde la seguridad y la gestión de políticas públicas penitenciarias son temas recurrentes en la agenda, esta controversia también alimenta el debate sobre garantías procesales, derechos humanos y la respuesta estatal frente a demandas colectivas de personas privadas de la libertad.
En los próximos días se espera que las partes involucradas —el Poder Judicial, la Gobernación y el área de Justicia— brinden precisiones formales sobre los pasos a seguir. Mientras tanto, la orden judicial y la tensión pública mantienen en el centro del debate la calidad de vida dentro de los establecimientos carcelarios y la manera en que el Estado provincial controla y fiscaliza los servicios que contrata.
Seguiremos la evolución del conflicto y las comunicaciones oficiales que emitan los organismos implicados.
