El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) suscribieron un Memorándum de Entendimiento destinado a fortalecer la protección de los derechos y garantizar un acceso efectivo a la justicia de niñas, niños y adolescentes en la provincia.
Objetivos y alcance del acuerdo
Según lo informado, el convenio articula acciones con el Programa de Cooperación entre el Gobierno nacional y UNICEF para el período 2026-2030 y busca mejorar la respuesta del sistema judicial frente a situaciones de violencia y vulneración de derechos. Entre los ejes centrales figura el fortalecimiento de las capacidades de magistrados, funcionarios y operadores judiciales para abordar casos que involucran a menores.
El acuerdo promueve intervenciones integrales, coordinadas y con respeto por las necesidades particulares de cada niño o adolescente, e incorpora mecanismos para una mayor cooperación entre organismos vinculados a la protección infantil.
Medidas concretas previstas
- Capacitación y formación especializada para magistrados, funcionarios y operadores del sistema judicial.
- Promoción de medidas alternativas a la privación de la libertad para adolescentes en conflicto con la ley penal.
- Fortalecimiento de sistemas de información y registros para diseñar políticas de prevención y protección.
- Coordinación interinstitucional para agilizar procesos judiciales relacionados con menores víctimas de violencia.
En el texto del convenio se destaca la intención de orientar la justicia juvenil hacia mecanismos restaurativos que fomenten la responsabilización del adolescente, la reparación del daño y su reinserción social, en lugar de soluciones basadas principalmente en la privación de la libertad.
"Fortalecer la protección de los derechos y garantizar un acceso efectivo a la justicia de niñas, niños y adolescentes."
Implicancias para Corrientes
Para la provincia, la iniciativa supone una potencial modificación en la forma en que se abordan los casos que afectan a la infancia y la adolescencia: desde un mayor intercambio de información hasta cambios en la práctica judicial cotidiana que podrían reducir la internación de adolescentes y priorizar medidas socioeducativas.
El refuerzo de sistemas de información y registros es un punto clave: disponer de datos más completos y ordenados permitirá no sólo diseñar políticas de prevención más ajustadas, sino también evaluar resultados de las intervenciones y ajustar protocolos según evidencia.
| Pilar | Acción prevista |
|---|---|
| Capacitación | Formación especializada para operadores judiciales |
| Justicia juvenil | Impulso de medidas alternativas y enfoque restaurativo |
| Información | Fortalecimiento de registros y sistemas de datos |
| Coordinación | Articulación entre organismos intervinientes |
Además, el convenio contempla atención a nuevas problemáticas emergentes: entre ellas, la prevención de la violencia en entornos digitales —un tema que el Poder Judicial correntino tendrá previsto abordar dentro de la coordinación con redes y programas existentes— y la articulación para mejorar los procesos judiciales relacionados con menores víctimas de violencia.
Limitaciones y próximos pasos
El Memorándum marca una hoja de ruta, pero su eficacia dependerará de la puesta en marcha de programas concretos, de la asignación de recursos y de la adhesión operativa de los distintos organismos locales. El acuerdo, según lo consignado, prevé capacitación, intercambio de información y promoción de prácticas restaurativas, pero no detalla en el comunicado público cronogramas ni montos destinados.
En los próximos meses será clave conocer los planes de implementación, los indicadores que se utilizarán para evaluar los resultados y la manera en que se articulará con políticas provinciales y nacionales existentes sobre infancia y adolescencia.
La firma del convenio constituye, en todo caso, un paso institucional que busca alinear al Poder Judicial correntino con estándares internacionales y con el Programa de Cooperación nacional con UNICEF para 2026-2030, con la expectativa declarada de mejorar la protección integral de la niñez y adolescencia en la provincia.
