La jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, homologó un juicio abreviado pleno y condenó a una profesora interina de la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini por los delitos de abuso de autoridad y concusión, luego de comprobarse que exigía transferencias de dinero a sus alumnas para aprobar las materias.
Detalles de la pena y las medidas
La resolución impuso una pena de tres años de prisión en suspenso y la misma cantidad de años de inhabilitación para ejercer la docencia. Además, la magistrada fijó:
- Una multa de $360.000 (equivalente al doble del monto exigido a las víctimas).
- Una reparación económica total de $480.000, que se distribuirá en $240.000 para cada una de las dos alumnas afectadas.
- Restricciones y reglas de conducta por el plazo de tres años: fijar residencia, prohibición absoluta de ejercer la docencia en Colonia Carlos Pellegrini, restricción de acercamiento a 100 metros y la prohibición de realizar actos de hostigamiento contra las denunciantes.
Hechos comprobados y modus operandi
La investigación penal reconstruyó maniobras desplegadas por la docente durante el ciclo lectivo 2025. Según las actuaciones incorporadas al expediente, en el primer caso —entre junio y julio— la acusada exigió $100.000 a una alumna para aprobarla sin asistencia a clases. Se acreditó un pago inicial de $30.000 y sucesivas intimaciones por WhatsApp indicando que no la aprobaría si no completaba el total.
En un segundo episodio, en abril de 2025, la investigación registró una transferencia por $150.000 realizada mediante Mercado Pago, también bajo la amenaza de reprobar a la estudiante en caso de negativa.
Como pruebas se aportaron audios, capturas de chats, comprobantes de transferencias, testimonios, informes sociales y las actuaciones administrativas iniciadas por el Ministerio de Educación.
Consecuencias administrativas y dobles vías de reparación
La sanción judicial combina medidas de carácter penal, económico y de control conductual. La multa de $360.000 fue fijada por la Justicia como pena pecuniaria y representa el doble de la exacción total que la docente solicitó a las víctimas. Por otra parte, la reparación económica busca compensar daños patrimoniales y extrapatrimoniales infligidos a las alumnas.
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Multa | $360.000 |
| Reparación económica total | $480.000 ($240.000 por víctima) |
Impacto local y administrativo
La condena tiene consecuencias directas para la escuela y la comunidad de Colonia Carlos Pellegrini: la docente quedó inhabilitada para ejercer por tres años y tiene la prohibición expresa de regresar a esa localidad en carácter docente. Además, el caso quedó documentado con actuaciones del Ministerio de Educación, que permitieron complementar la investigación penal con el legajo institucional.
La existencia de comunicaciones digitales y comprobantes de pago facilitó la prueba en el expediente, un aspecto relevante para esclarecer conductas basadas en exigencias económicas a estudiantes, modalidad que puede quedar registrada más fácilmente cuando se usan transferencias y aplicaciones de pago.
Prevención y vigilancia en el sistema educativo
La sentencia subraya la necesidad de mecanismos de prevención y control dentro de las escuelas para detectar y sancionar conductas de abuso de autoridad por parte de quienes ocupan cargos docentes. En particular, el expediente incluyó informes sociales y actuaciones administrativas que aportaron contexto sobre las víctimas y la situación escolar.
Para la comunidad educativa, la resolución marca un antecedente judicial y administrativo sobre cómo se abordan denuncias de extorsión en el ámbito escolar, tanto en la vía judicial como en la administrativa.
La causa y la condena deberán quedar registradas en el legajo profesional de la docente y pueden habilitar procedimientos adicionales en el ámbito del Ministerio de Educación provincial para revisar protocolos de actuación y de denuncia en establecimientos rurales y urbanos.
La investigación y la sentencia fueron tramitadas en la jurisdicción de Mercedes, donde la magistrada homologó el acuerdo contenido en el juicio abreviado pleno y rubricó las medidas que integran la pena y las reglas de conducta impuestas.
