La Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación nuevas Reglas de Carácter General para reforzar la prevención del lavado de dinero, incorporando un Enfoque Basado en Riesgo que modifica las obligaciones de los sujetos que realizan actividades vulnerables y las atribuciones de las autoridades encargadas de supervisar su cumplimiento.
Qué cambió y por qué importa
Las disposiciones forman parte de la implementación de las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su reglamento, publicadas en 2025 y 2026, respectivamente. Con el nuevo enfoque, los sujetos obligados deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos relacionados con sus clientes o usuarios, sus operaciones, productos y servicios, los canales de operación y las zonas geográficas donde operan.
En la práctica, esto implica un mayor trabajo de conocimiento del cliente y de los accionistas reales, así como medidas más estrictas para detectar beneficiarios controladores y personas políticamente expuestas (PEP). Las reglas también precisan acciones sobre mecanismos de control interno, conservación de información y la presentación de avisos a autoridades competentes.
Cómo afectará a empresas y consumidores
La obligación de documentar y clasificar riesgos puede traducirse en ajustes operativos y de cumplimiento para quienes realizan actividades vulnerables: desde procedimientos de debida diligencia más detallados hasta controles adicionales en canales y productos con mayor potencial de riesgo. Hacienda argumenta que el modelo favorecerá una asignación más eficiente de los recursos de supervisión al orientar las revisiones hacia los sectores con mayor exposición al uso indebido para lavado de activos.
- Mayor documentación: exigencia de registros sobre evaluación de riesgos por cliente, operación y zona.
- Supervisión focalizada: las unidades de Hacienda dirigirán acciones hacia actividades con mayor riesgo.
- Cumplimiento proporcional: las obligaciones y acciones de supervisión se aplicarán según el nivel de riesgo de cada actividad vulnerable.
Modelo de cumplimiento y aplicación gradual
Las reglas establecen un modelo de cumplimiento proporcional, es decir, que las medidas exigidas y la intensidad de la supervisión variarán conforme al riesgo identificado en cada sector. Hacienda señala que este enfoque permitirá optimizar recursos destinados a la prevención y ajustar controles a las características de cada actividad.
La entrada en vigor de las nuevas disposiciones será gradual, con el objetivo de dar tiempo a los sujetos obligados para adaptar sus sistemas y documentación a los requerimientos de identificación y evaluación de riesgos. Además, las unidades responsables de Hacienda emplearán el enfoque basado en riesgo en sus labores de verificación y supervisión para priorizar acciones.
| Obligación | Acción requerida |
|---|---|
| Conocimiento del cliente o usuario | Identificar y documentar riesgos asociados a clientes y usuarios |
| Identificación de beneficiario controlador y PEP | Implementar mecanismos para detectar y reportar estas figuras |
| Controles internos y conservación de información | Fortalecer políticas internas y mantener registros de evaluaciones |
| Presentación de avisos | Reportar operaciones y riesgos según criterios establecidos |
Los cambios buscan armonizar la aplicación práctica de la LFPIORPI con un criterio de riesgo que permita a las autoridades enfocar la supervisión donde haya mayor probabilidad de uso del sistema financiero y de actividades vulnerables para el lavado de dinero. Hacienda confía en que, con la gradualidad y la proporcionalidad, las medidas serán aplicables sin desbordar la operativa de los sectores involucrados.
Para los ciudadanos, el impacto inmediato será principalmente indirecto: instituciones y prestadores de servicios sujetos a estas reglas deberán reforzar sus procesos de revisión y documentación, lo que en algunos casos puede traducirse en procedimientos adicionales al contratar servicios financieros o al realizar operaciones reguladas.
En resumen, la nueva normativa coloca al centro la gestión del riesgo como herramienta para prevenir el uso indebido de recursos y otorga a Hacienda instrumentos más precisos para supervisar y verificar el cumplimiento conforme al nivel de exposición de cada actividad vulnerable.
