Un estudio reciente encargado por la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapia (APPST) y elaborado por la firma Inteligencia Económica detectó una fuerte insuficiencia de terapistas para atender a estudiantes con necesidades de Educación Especial en Puerto Rico. El análisis, basado en cifras del Departamento de Educación, señala que en el ciclo escolar 2024-2025 más de 46,000 alumnos —de un universo de 117,050— no recibieron la totalidad de las terapias y servicios que les habían sido autorizados en sus Programas Educativos Individualizados (PEI).
Qué encontró el informe
Los autores documentan que la demanda de evaluaciones y horas de servicio aumentó, mientras que el recurso humano especializado —psicólogos, terapeutas del lenguaje, ocupacionales y fisioterapeutas— no ha crecido en la misma proporción. En palabras del presidente de la APPST, Víctor Moreno, “
la (matrícula de) Educación Especial ha subido... ¿Y qué pasa? Nosotros como mano de obra, el recurso de terapistas, ha seguido disminuyendo”.
El reporte, que fue completado en julio, surgió inicialmente para orientar una revisión de las tarifas pagadas por los servicios que se prestan mediante el mecanismo conocido como Remedio Provisional, cuya última actualización tarifaria data de 2015. Sin embargo, el estudio amplió su alcance al identificar fallas estructurales que obstaculizan la prestación adecuada de servicios a niños y jóvenes con discapacidades.
Impacto en la provisión y en el gasto público
Los datos incluidos en el análisis muestran una transformación en la forma en que el Estado cumple con la obligación de ofrecer servicios relacionados: entre los cursos 2023-2024 y 2024-2025, el gasto en Remedio Provisional aumentó 15.7%, mientras que el gasto en prestación directa por parte del Departamento de Educación creció solo 4.9%. Como resultado, en 2024-2025 el Remedio Provisional pasó a constituir el 50.9% del gasto total en servicios terapéuticos.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Estudiantes con PEI que no recibieron todos los servicios (2024-2025) | 46,000+ |
| Matrícula total de Educación Especial | 117,050 |
| Crecimiento del gasto en Remedio Provisional (2023-2024 a 2024-2025) | 15.7% |
| Crecimiento del gasto en prestación directa | 4.9% |
| Porcentaje del gasto total que representa Remedio Provisional (2024-2025) | 50.9% |
Consecuencias para estudiantes y sistema
El incremento en la utilización de Remedio Provisional —un mecanismo ordenado por la corte durante el litigio de clase conocido como Rosa Lydia Vélez— señala que una medida excepcional se ha convertido en el canal principal para cumplir obligaciones educativas. El informe advierte que, si no se atiende la escasez de personal y no se actualizan las tarifas, la calidad y continuidad de servicios especializados estarán en riesgo.
- Alumnos afectados: miles de estudiantes no completan las terapias indicadas en sus PEI.
- Proveedores: reducción de la fuerza laboral de terapistas frente a mayor demanda.
- Gasto público: incremento del uso de un mecanismo judicializado que concentra más del 50% del presupuesto en servicios terapéuticos.
Para familias y docentes, la falta de terapias significa retrasos en procesos de aprendizaje, evaluaciones incompletas y, en muchos casos, la necesidad de recurrir a proveedores externos o a vías legales para garantizar atención. El estudio enfatiza que una política pública efectiva requiere no solo aumentar el presupuesto, sino revisar la trayectoria del gasto y las condiciones laborales y tarifarias que afectan la oferta de servicios.
La APPST buscó orientar una revisión tarifaria que actualice las remuneraciones y, con ello, la disponibilidad de profesionales. El informe no propone soluciones concretas de implementación en el documento público, pero reconoce la urgencia de medidas coordinadas entre el Departamento de Educación, los proveedores y los entes judiciales que han intervenido en la materia.
El diagnóstico plantea un desafío central para la política educativa: garantizar que los compromisos legales y los PEI se traduzcan en servicios efectivos dentro de las escuelas, con personal suficiente y condiciones que permitan la permanencia de especialistas en el sistema. Mientras tanto, muchas familias siguen enfrentando barreras significativas para que sus hijos reciban la atención que la ley establece.
