La justicia venezolana cerró de manera definitiva el expediente contra la jueza María Lourdes Afiuni y le otorgó la libertad plena, informó este viernes la familia de la magistrada. El caso, que se convirtió en un emblema de la crisis de independencia judicial en Venezuela, había mantenido a Afiuni bajo medidas restrictivas desde su detención en 2009.
Un caso emblemático de la justicia venezolana
Según un comunicado firmado por su hermano, Nelson Afiuni, y por la representante legal de la familia, Thelma Fernández, la decisión judicial "pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad". En el mismo texto los representantes afirmaron que el cierre del expediente formaliza el desenlace de un proceso que, dijeron, "nunca debió existir".
“Durante años, la juez Afiuni y su familia soportaron las consecuencias de una persecución que trascendió el ámbito personal y se convirtió en un símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela”.
El comunicado agregó que la resolución no borra el sufrimiento ni repara por sí sola los daños ocasionados, y calificó el episodio como «un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso».
Historia del proceso
Los hechos documentados en el expediente incluyen:
- Detención en diciembre de 2009 luego de que la jueza concediera libertad bajo fianza a un banquero que posteriormente abandonó el país.
- Denuncias públicas del entonces presidente Hugo Chávez, quien pidió una pena máxima de 30 años de cárcel por supuesta facilización de la fuga.
- Estancia en prisión hasta 2011, cuando pasó a arresto domiciliario.
- Otorgamiento de libertad condicional en 2013.
- Condena en 2019 a cinco años por el delito denominado «corrupción espiritual», en el que la propia fiscalía reconoció que no hubo beneficio económico.
- Restricciones vigentes hasta ahora: prohibición de salir de la ciudad, de hablar con la prensa o en redes sociales, impedimento para votar, ausencia de pasaporte y inhabilitación política.
| Año | Evento |
|---|---|
| 2009 | Detención tras otorgar libertad bajo fianza |
| 2011 | Pasa a arresto domiciliario |
| 2013 | Libertad condicional |
| 2019 | Condena por «corrupción espiritual» (5 años) |
| 2026 | Cierre definitivo del caso y libertad plena |
Repercusiones y contexto
El caso de Afiuni fue seguido por organismos internacionales de derechos humanos y por la opinión pública regional como muestra de la presión política sobre el poder judicial en Venezuela durante la presidencia de Chávez. La familia calificó la decisión como el fin formal de un proceso que en su opinión implicó violaciones al debido proceso y a garantías fundamentales.
Hasta ahora, las autoridades venezolanas no han difundido comunicados oficiales detallando los fundamentos jurídicos de la clausura del expediente ni las consideraciones que motivaron la restitución completa de la libertad. La versión pública disponible proviene del entorno familiar de la jueza, que además agradeció a quienes acompañaron la causa "con firmeza y constancia".
El cierre del caso plantea preguntas sobre eventuales medidas de reparación y la posibilidad de revisar las responsabilidades institucionales implicadas en la persecución. La familia advirtió que la resolución no compensa por sí sola los daños sufridos, lo que abre la puerta a demandas de reparación moral y jurídica en instancias nacionales o internacionales.
En el terreno político, el episodio vuelve a poner en el centro del debate la independencia judicial en Venezuela y los mecanismos con que distintos gobiernos manejaron disensos y decisiones judiciales de alto impacto. Para observadores y actores vinculados a derechos humanos, el desenlace será analizado como un antecedente en la evaluación de la evolución institucional del país.
El cierre definitivo del caso de María Lourdes Afiuni marca así un punto de inflexión en una historia que mezcló decisiones judiciales, intervenciones políticas y denuncias por violaciones de garantías procesales.
