Renuncia y acusaciones ponen en tensión la labor de protección de derechos en Ocaña
La renuncia del defensor regional del Pueblo en Ocaña, Ever Jesús Pallares Baene, ha generado inquietud entre organizaciones sociales y autoridades locales por las implicaciones sobre la seguridad de líderes y defensores de derechos humanos en la provincia. La decisión ocurrió luego de que medios nacionales difundieran un supuesto vínculo familiar entre Pallares y una cabecilla del Eln identificada como Luz Amanda Pallares, conocida en redes y en informes como alias "Silvana Guerrero".
Según la información publicada por Noticias RCN y reproducida por medios regionales, la Fiscalía General de la Nación habría abierto una investigación que vincula al ahora exdefensor con el manejo irregular de datos confidenciales sobre líderes sociales y defensores que actúan en el Catatumbo. Esos datos, de acuerdo con la denuncia, habrían sido utilizados posteriormente para intimidar y amenazar a personas que reciben acompañamiento institucional.
"Mi vida corre peligro", dijo Ever Pallares en respuesta a los señalamientos, según reportes locales.
Entre los hechos citados por la investigación periodística figura una amenaza recibida en febrero de 2025 por un defensor de derechos humanos que acompañaba a víctimas del conflicto y a exintegrantes del Frente 33 de las Farc que habían dejado las armas. La denuncia sostiene que el mensaje, atribuido al Frente Nororiental del Eln, contenía datos sobre la actividad humanitaria y jurídica de esa persona que, según el denunciante, sólo conocían la Defensoría Regional de Ocaña y el Ejército.
Contexto regional y repercusiones
El caso se produce en un momento de tensión elevada en el Catatumbo y municipios de la provincia de Ocaña, donde la presencia y disputas de grupos armados han convertido a las labores de protección de derechos humanos en tareas especialmente sensibles. La posible relación familiar entre el funcionario saliente y alias "Silvana Guerrero", que se ha hecho más visible desde el estallido de la guerra en el Catatumbo en enero de 2025, agravó la controversia y motivó cuestionamientos sobre la permanencia de Pallares en la entidad.
Autoridades y actores locales han señalado que el supuesto parentesco, por sí solo, no constituye prueba de participación en actividades ilícitas, por lo que corresponde a la Fiscalía y demás instancias competentes adelantar las verificaciones y esclarecer responsabilidades. Mientras tanto, la salida del defensor busca, según sus promotores, evitar que los señalamientos afecten la confianza en la institución encargada de velar por los derechos en la región.
- Hecho central: Renuncia de Ever Jesús Pallares tras señalamientos sobre filtración de información.
- Investigación: Fiscalía investiga posible manejo irregular de información confidencial.
- Víctima citada: Amenaza en febrero de 2025 contra un defensor que acompañaba a exintegrantes del Frente 33 de las Farc.
Datos y cronología
| Fecha | Evento |
|---|---|
| Enero de 2025 | Inicio de la confrontación en el Catatumbo con visibilidad de alias "Silvana Guerrero" |
| Febrero de 2025 | Amenaza contra un defensor que acompañaba a exintegrantes del Frente 33 (se cita en la denuncia) |
| Agosto de 2026 | Publicación de la investigación y renuncia del defensor regional en Ocaña |
La complejidad del caso radica en la intersección entre la protección de la información personal de líderes y defensores y el escrutinio público sobre los vínculos de quienes ocupan cargos de protección de derechos. En una región donde la divulgación de datos sensibles puede exponer a personas a riesgos concretos, cualquier sospecha sobre el manejo de esa información repercute en la credibilidad de la institución.
Organizaciones de derechos humanos y actores locales en Ocaña, si bien no han sido citados con declaraciones directas en los reportes revisados, han venido insistiendo en la necesidad de garantías efectivas para los defensores y en procedimientos claros que eviten filtraciones. La Fiscalía, por su parte, es la instancia encargada de establecer responsabilidades en caso de que se confirme el manejo irregular de información.
Mientras avanza la investigación judicial, la renuncia de Pallares deja un vacío en la Defensoría Regional en uno de los territorios más afectados por la dinámica del conflicto y la criminalidad. La prioridad para comunidades y organizaciones en Ocaña será conocer los resultados de las indagaciones y que se tomen medidas que restituyan la confianza en los mecanismos de protección de derechos humanos.
