El proyecto para levantar el nuevo centro de salud del municipio de Trinidad, en el departamento de Casanare, fue formalmente iniciado el 22 de diciembre de 2023 con un contrato valorado en $17.169 millones y un plazo de ejecución previsto de 16 meses. La obra fue adjudicada por la Red Salud Casanare a la Unión Temporal Salud Trinidad, pero a la fecha el predio donde debía erigirse la infraestructura permanece sin construcción y con un cultivo de auyama.
Contratos, anticipos y obra sin ejecutar
Según la información contractual consultada en el Secop y documentos retomados por medios locales, el proceso contemplaba la demolición del antiguo centro asistencial y la edificación de la nueva infraestructura en el mismo terreno. Sin embargo, a pesar de que se habría entregado un anticipo cercano a $2.600 millones, no existen evidencias visibles de avance significativo en el sitio.
“Después de cumplirse tres años del acta de inicio de este contrato, pues definitivamente es un ‘elefante blanco’”,
dijo el diputado de la Asamblea de Casanare, Juan Fernando Mancipe, quien además puso en duda los reportes que apuntan a un avance cercano al 3 %.
Impacto local: atención en condiciones precarias
La suspensión o demora en la construcción del centro tiene efectos concretos sobre la población. Antes de la intervención, Trinidad contaba con un centro de salud que funcionaba hasta 2023; la decisión de demolerlo para dar paso al nuevo proyecto dejó a la comunidad sin la infraestructura previa. En consecuencia, cientos de pacientes han debido recurrir a servicios provisionales instalados en viviendas deshabitadas y en condiciones de deterioro, situación que aumenta la vulnerabilidad de las personas que requieren atención regular.
Datos clave del contrato
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Fecha de inicio | 22 de diciembre de 2023 |
| Valor del contrato | $17.169 millones |
| Plazo de ejecución | 16 meses |
| Adjudicatario | Unión Temporal Salud Trinidad |
| Anticipo reportado | ~$2.600 millones |
Señalamientos y preguntas pendientes
El caso plantea interrogantes sobre la gestión de recursos del Sistema General de Regalías usados para la obra, la supervisión del contrato por parte de la Red Salud Casanare y la responsabilidad de las administraciones que avalaron la demolición del antiguo centro de salud. También queda sin claridad la fecha o las condiciones para reiniciar el proceso de contratación y completar la obra.
- El terreno destinado a la nueva infraestructura presenta actualmente un cultivo de auyama.
- La demolición del hospital antiguo dejó sin sede institucional a la red de salud local desde 2023.
- No se ha divulgado un cronograma público para retomar la ejecución ni las medidas de control adoptadas.
Contexto político y administrativo
La adjudicación y el manejo de proyectos de salud con recursos públicos suele generar expectativas en municipios con déficit de infraestructura. En Trinidad, la decisión de demoler y reemplazar instalaciones anteriores dependía de la promesa de un centro moderno financiado con regalías, una alternativa que no se ha materializado. La crítica del diputado Mancipe apunta a retrasos que, en su valoración, han dejado la obra en estado de abandono.
Hasta ahora no se ha publicado un informe técnico que respalde el supuesto avance del 3 % señalado en algunos documentos; tampoco hay anuncios oficiales sobre sanciones, procesos de liquidación del contrato o nuevas licitaciones. La falta de información oficial incrementa la incertidumbre sobre el destino de los recursos adelantados y las soluciones para garantizar la continuidad de la atención en el municipio.
Qué sigue
Las autoridades responsables de la contratación —la Red Salud Casanare y las instancias regionales vinculadas a la gestión de regalías— deben aclarar el estado del contrato, la destinación del anticipo y las medidas para restituir la prestación de servicios en condiciones dignas. La comunidad de Trinidad, mientras tanto, permanece con un servicio asistencial improvisado y sin certezas sobre la reconstrucción del centro que se prometió.
Este caso ilustra la tensión entre la planificación de infraestructura pública y la ejecución efectiva en municipios con limitaciones administrativas, y subraya la necesidad de mayor transparencia en el manejo de recursos para garantizar que las obras lleguen a buen término y beneficien a la población.
