El Tribunal Administrativo de Casanare decretó la pérdida de investidura del concejal del municipio de Paz de Ariporo, Gabriel Libardo Varón Montealegre, al concluir que incurrió en una violación del régimen de conflicto de intereses. La decisión fue adoptada por la Sala de Decisión el 27 de agosto de 2026 y fue suscrita por los magistrados Oswaldo Andrés González Barrera, Aura Patricia Lara Ojeda y Lalo Enrique Olarte Rincón.
Hechos que motivaron la sanción
La acción fue interpuesta por la ciudadana Luisa Fernanda Cristancho Sosa, quien cuestionó la actuación del concejal en la discusión y aprobación del Acuerdo Municipal No. 500.02-007, expedido el 3 de junio de 2022. Según el expediente, en el listado de hogares admitidos para el programa de subsidios de vivienda «Senderos de Manare» aparecían como beneficiarios varios familiares del concejal.
Específicamente, los beneficiarios señalados en el proceso fueron Carlos Argirio Chávez Varón, Diego Alejandro Chávez Varón y Cilia Naydu Rodríguez Varón, identificados en la demanda como sobrinos de Varón Montealegre. El registro administrativo indica que el listado preliminar de hogares admitidos se publicó el 5 de noviembre de 2021, el definitivo se oficializó el 11 de diciembre de 2021, y la Resolución 300.52-284 aprobó los hogares admitidos el 29 de abril de 2022.
Decisión del Concejo y actuación del concejal
El 3 de junio de 2022 el Concejo Municipal de Paz de Ariporo expidió el Acuerdo 500.02-007, que otorgó facultades a la entonces alcaldesa Eunice Escobar para asignar y adjudicar 790 subsidios de vivienda. En el trámite de ese acuerdo, Varón Montealegre participó en la votación y firmó el documento en su calidad de primer vicepresidente de la corporación, sin declarar impedimento.
La Sala de Decisión consideró que el concejal tenía un interés directo, particular y actual en la decisión, dado que sus sobrinos ya figuraban como admitidos en los listados. El tribunal señaló además que no era requisito para configurar el conflicto que la selección final fuera automática; bastó con la participación en una decisión que podía incidir en el beneficio de sus familiares.
Valoración sobre la conducta
En el fallo se concluyó que Varón Montealegre actuó con culpa grave por no verificar la existencia de sus parientes entre los admitidos, a pesar de que la información era pública. Esa negligencia fue considerada determinante para declarar la pérdida de investidura.
Cronología resumida
| Fecha | Hecho relevante |
|---|---|
| 5 de noviembre de 2021 | Publicación del listado preliminar de hogares admitidos |
| 11 de diciembre de 2021 | Oficialización del listado definitivo |
| 29 de abril de 2022 | Resolución 300.52-284 aprobó los hogares admitidos |
| 3 de junio de 2022 | Concejo expide Acuerdo 500.02-007; Varón participa y firma |
| 27 de agosto de 2026 | Tribunal de Casanare declara pérdida de investidura |
Implicaciones políticas y administrativas
La pérdida de investidura implica la vacancia del cargo en el Concejo Municipal, con las consecuencias previstas en la normatividad sobre régimen de inhabilidades e impedimentos. El fallo también pone énfasis en la obligación de los servidores públicos de abstenerse de intervenir en decisiones que puedan favorecer intereses familiares cuando exista una relación directa con los beneficiarios.
Además de la sanción personal, la decisión abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno del Concejo y los procesos de transparencia en la asignación de programas sociales en el municipio. La Sala de Decisión dejó establecido que la información pública sobre admitidos coloca una carga de verificación sobre los representantes públicos, que no puede ser ignorada.
Reacciones y próximos pasos
- No constan en el expediente expresiones públicas del concejal sobre el fallo.
- La sentencia fue suscrita por los tres magistrados de la Sala de Decisión que conocieron el caso.
- El municipio deberá atender los efectos administrativos derivados de la vacancia en el Concejo Municipal.
El proceso judicial ejemplifica cómo los mecanismos de control contencioso administrativo pueden incidir en la composición de las corporaciones locales y en la rendición de cuentas de los representantes. La decisión del Tribunal busca, según su propio razonamiento, preservar la integridad de las decisiones públicas frente a intereses particulares.
