La administración del presidente Abelardo de la Espriella presentó un informe en el que pone en cuestión la ejecución de recursos públicos por $6,8 billones destinados a equipos básicos de atención primaria en salud entre el último trimestre de 2022 y junio de 2026. Según el documento denominado Libro de la Verdad, esos dineros no tendrían indicadores verificables que permitan evaluar su impacto en la mejora de la atención en zonas rurales y apartadas.
Alcance de la denuncia
El texto del empalme atribuye a la estrategia del Ministerio de Salud la financiación de equipos integrados por médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos y trabajadores sociales vinculados a Empresas Sociales del Estado (ESE). Sin embargo, el informe advierte que no existe una evaluación consolidada que muestre resultados demostrables del gasto, y que la Superintendencia Nacional de Salud tampoco se pronunció sobre la ejecución y el destino de esos recursos.
“El Ministerio de Salud financió equipos básicos en salud durante cuatro años sin poder demostrar un solo resultado”, afirma el documento del empalme.
En la presentación, el Gobierno saliente —según el informe— habría sido capaz de reportar cuánto se gastó, pero no de explicar en qué cambió la vida de la población beneficiaria. Esa ausencia de rendición de cuentas es uno de los argumentos centrales para calificar el programa como un gasto sin control.
Qué se cuestiona y qué está comprobado
Lo que plantea el informe es una combinación de hechos y omisiones administrativos: por un lado, la asignación de recursos a una política de atención primaria orientada a zonas de difícil acceso; por otro, la aparente falta de indicadores, evaluaciones de impacto y reporte de resultados que permitan verificar la eficacia de esa inversión.
Es importante señalar que el documento al que hace referencia la denuncia corresponde al material de empalme de la actual administración y que las afirmaciones sobre omisiones de fiscalización involucran a la Superintendencia Nacional de Salud por no haberse pronunciado —según el informe— sobre la ejecución de esos fondos.
Datos clave
| Concepto | Información |
|---|---|
| Monto denunciado | $6,8 billones |
| Período | Último trimestre de 2022 a junio de 2026 |
| Beneficiarios / actores | ESE y equipos básicos: médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos y trabajadores sociales |
El informe califica como problemático que una política pública de esta magnitud prescindiera de una evaluación que permitiera controlar el uso y medir los resultados. En palabras del equipo de empalme, “no es una política pública, es una caja de gasto sin control ni rendición de cuentas”.
Consecuencias y próximos pasos
Si las afirmaciones del empalme se confirman, podrían abrirse investigaciones administrativas y fiscales para determinar responsabilidades en la planeación, asignación y seguimiento de los recursos. La falta de indicadores y de rendición de cuentas dificulta, además, la replicabilidad de modelos exitosos y la corrección de estrategias que no hayan tenido el impacto esperado.
Para la población, la denuncia plantea dudas sobre la efectividad real de programas destinados a mejorar el acceso a la atención primaria en territorios marginados. En el corto plazo, la discusión pública y las posibles investigaciones podrían generar cambios en la supervisión financiera y técnica de programas del sector salud.
- El monto señalado es de $6,8 billones y corresponde a recursos entre 2022 y 2026.
- El programa habría financiado equipos básicos vinculados a ESE para atención en zonas rurales.
- El empalme atribuye falta de evaluación de impacto y ausencia de pronunciamiento de la Superintendencia Nacional de Salud.
Como reporta el documento presentado por la administración de De la Espriella, las autoridades tendrán que determinar si proceden acciones de control, auditoría o sanción. Mientras tanto, cabe recordar la importancia de que las políticas públicas en salud incorporen desde su diseño mecanismos claros de monitoreo y evaluación que permitan demostrar beneficios y corregir problemas oportunamente.
Si usted tiene dudas sobre el acceso a servicios de salud o la cobertura de atención primaria en su región, consulte con las autoridades de salud departamentales o con profesionales del sector. Es recomendable que las decisiones clínicas y de atención individual sean orientadas por un profesional de la salud.
