El departamento del Putumayo registró en 2025 el asesinato de tres líderes ambientales, según el informe de la organización no gubernamental Global Witness citado en investigaciones recientes. Los casos se enmarcan en una tendencia nacional que ubicó a Colombia como, por cuarto año consecutivo, el país más letal del mundo para personas defensoras del territorio y el ambiente.
Quiénes eran las víctimas y dónde ocurrieron los hechos
Los líderes reconocidos por la investigación son: Juan Carlos Rodríguez, Leonairo Samir Montero Paz y Wilmer Solarte Pascal. Sus muertes, ocurridas entre febrero y mayo de 2025, sucedieron en contextos locales de alta presencia de actores armados ilegales y economías criminales que disputan el control territorial.
| Líder | Fecha | Lugar | Contexto |
|---|---|---|---|
| Leonairo Samir Montero Paz | 9 de febrero de 2025 | Vereda Planadas, Puerto Asís | Atropellado por presencia de varios frentes armados |
| Wilmer Solarte Pascal | 24 de marzo de 2025 | San Miguel | Interceptado y abatido por sujetos armados |
| Juan Carlos Rodríguez | 1 de mayo de 2025 | Masacre en Ocaña (Putumayo) | Actuación en zona con frentes de disidencias |
Un indicador nacional y regional de riesgo
El informe de Global Witness consignó que en 2025 fueron asesinadas al menos 39 personas defensoras del territorio y el ambiente en Colombia, y que el país concentró el 31% de las 124 víctimas registradas mundialmente. En la Amazonía colombiana, Putumayo figura entre los departamentos más afectados junto a Nariño y Cauca.
La investigación liga los homicidios a la presencia y disputa de varios grupos armados en la región. En el caso de Putumayo, los informes citan la actuación de estructuras como el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de “Mordisco”, los Comandos de la Frontera y el frente Raúl Reyes de las disidencias de “Calarcá”, entre otras bandas locales.
Impactos locales: desplazamiento, contaminación y desarticulación comunitaria
Las muertes de líderes ambientales tienen efectos inmediatos y diferidos sobre comunidades rurales e indígenas: aumento del miedo, debilitamiento de la organización social y limitaciones para la defensa de territorios frente a actividades ilegales. Global Witness y otros análisis ligados a la región señalan que la minería ilegal y los cultivos de coca alimentan tanto la violencia como la degradación ambiental, con consecuencias sobre fuentes hídricas y medios de vida locales.
- Desplazamiento: la presión de grupos armados suele obligar a familias a abandonar sus territorios.
- Contaminación: actividades ilegales generan polución de ríos y suelos, afectando la salud y la economía local.
- Debilitamiento organizativo: la pérdida de líderes reduce la capacidad de las comunidades para negociar y proteger sus recursos.
Región en tensión: patrones y antecedentes
Putumayo y Nariño aparecen en el informe como departamentos en los que las economías ilegales presionan territorios rurales y producen violencia sostenida. En el vecino Cauca, por ejemplo, Global Witness contabilizó 15 de los 39 casos nacionales, lo que evidencia una concentración territorial de agresiones contra personas defensoras.
En Putumayo, los casos de 2025 se suman a un historial de amenazas y homicidios que, según registros de organizaciones de derechos humanos, han acompañado los ciclos de expansión de cultivos ilícitos y la llegada de nuevos actores armados tras la desmovilización de grupos paramilitares y la reconfiguración de estructuras insurgentes.
Qué implican los hallazgos para la protección de defensores
Los datos de Global Witness ponen de relieve la urgencia de medidas integrales para la protección de personas y comunidades que defienden el ambiente: acciones preventivas, investigaciones efectivas y presencia estatal que garantice seguridad y acceso a la justicia. Sin embargo, los patrones de impunidad y la pluralidad de actores armados en el terreno complican la implementación de respuestas rápidas y sostenibles.
Mientras tanto, líderes sociales y ambientales en Putumayo afrontan un entorno donde defender el territorio continúa siendo una actividad de alto riesgo. La comunidad y las autoridades locales, según los registros, deben conjugar esfuerzos para reducir la vulnerabilidad de quienes promueven la conservación y la vida en la Amazonía.
