Promotores de la acción de tutela que suspendió temporalmente cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento del Putumayo denunciaron este fin de semana haber recibido amenazas de muerte e intimidaciones a través de mensajes. La denuncia fue difundida por redes sociales tras conocerse la medida cautelar del Juzgado Circuito Tercero Promiscuo de Puerto Asís, relacionada con el expediente radicado No. 2026-00189.
El joven Jhonatan Enrique Meneses, quien figura como promotor de la tutela interpuesta por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, hizo pública la situación y pidió garantías al Estado para su protección y la de su organización. Meneses dirigió su mensaje, entre otros, al presidente Abelardo de la Espriella, al gobernador del Putumayo y al alcalde de Puerto Asís.
“Hemos recibido amenazas de índole muy graves … nos han escrito por internos que somos terroristas, que somos narcotraficantes, que nos van a buscar, que nos van a asesinar”,
Según la información difundida, las intimidaciones se presentaron pocas horas después de que el juez ordenara la suspensión de fumigaciones aéreas en el departamento mientras se recaba información científica y se decide el fondo del proceso. La tutela fue interpuesta por la Fundación con el argumento de proteger el medio ambiente, la fauna y la flora del Putumayo.
Motivos de la tutela y demandas de los promotores
En el recurso, Meneses y la organización solicitaron que no se utilice al Putumayo como “laboratorio” para un plan piloto de fumigación con glufosinato. Señalan posibles afectaciones a la salud humana, al agua, a cultivos de pancoger y a la biodiversidad amazónica si se adelanta la intervención sin estudios independientes que descarten perjuicios.
Los promotores aclararon que no están en contra de la erradicación de cultivos ilícitos, pero sostienen que la estrategia estatal debe estar respaldada por evidencia científica sólida y por alternativas productivas para los campesinos de la región.
Reacciones y solicitudes públicas
Meneses pidió explícitamente al presidente De la Espriella que visite el Putumayo y se reúna con las comunidades afectadas para dialogar sobre procesos de sustitución voluntaria y proyectos productivos. Además, insistió en la necesidad de apoyo financiero y técnico para que los agricultores puedan transitar hacia cultivos legales mediante capital semilla, créditos y programas de reforma agraria efectivos.
- Protección personal: solicitud de garantías al Estado para Meneses y miembros de la Fundación.
- Auditoría científica: exigencia de estudios independientes que evalúen riesgos del glufosinato en ecosistemas amazónicos.
- Diálogo con comunidades: petición de encuentro entre el presidente y las organizaciones locales para acordar alternativas.
Contexto jurídico y sanitario
La medida cautelar emitida por el Juzgado Tercero de Puerto Asís implica la suspensión provisional de cualquier fumigación aérea con glufosinato en el Putumayo mientras las autoridades competentes suministren la información requerida para resolver el caso de fondo. El glufosinato de amonio ha sido objeto de debate internacional y regulatorio por sus posibles efectos sobre la salud y el ambiente, motivo por el cual la tutela exige transparencia y evidencia científica.
| Hecho | Detalle |
|---|---|
| Tutela | Radicado No. 2026-00189, interpuesta por Fundación Tiempo de Cambios |
| Decisión judicial | Suspensión provisional de aspersiones aéreas con glufosinato en Putumayo |
| Denuncia | Amenazas e intimidaciones contra promotores de la tutela |
Hasta el momento no hay registros públicos en las fuentes recogidas que indiquen medidas concretas de protección otorgadas por las autoridades locales o nacionales a los denunciantes. Tampoco se han reportado versiones oficiales de la Presidencia, la Gobernación del Putumayo o la Alcaldía de Puerto Asís sobre las amenazas específicas señaladas por Meneses en sus comunicaciones.
Implicaciones para la región
La denuncia añade tensión a un escenario ya complejo en el Putumayo, donde confluyen intereses de control territorial, estrategias de combate a cultivos ilícitos y preocupaciones ambientales y de salud pública. Las amenazas contra personas que promueven recursos judiciales para limitar prácticas estatales pueden desincentivar la participación ciudadana y elevar los riesgos para defensores de derechos ambientales y comunitarios.
Organizaciones y autoridades tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de quienes recurren a la vía judicial para plantear inquietudes públicas. La decisión del Juzgado Tercero abre un espacio para que las instituciones presenten los estudios y la información científica que respalden cualquier intervención futura en el departamento.
En los próximos días será clave conocer las respuestas oficiales y las medidas de protección que adopten las entidades competentes para salvaguardar la integridad de los promotores de la tutela y restablecer las condiciones de diálogo con las comunidades del Putumayo.
