El Gobierno nacional presentó formalmente su respuesta a la medida cautelar que el Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís dictó la semana pasada, y que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento del Putumayo. La suspensión fue adoptada mientras la autoridad judicial decide de fondo sobre los posibles riesgos ambientales y para la salud pública que implicaría retomar las fumigaciones sobre los cultivos ilícitos.
Argumentos del Ejecutivo
Según lo conocido, la defensa presentada por la Presidencia y las autoridades nacionales sostiene que la aspersión aérea no debe verse como un riesgo por sí misma, sino como una herramienta estatal para proteger comunidades, recuperar control territorial y golpear una de las principales fuentes de financiación de las estructuras criminales. El Ejecutivo enfatiza que los cultivos ilícitos en manos de grupos armados generan extorsión, reclutamiento de menores, desplazamiento y confinamiento en varias regiones del país.
El Ministerio de Justicia y del Derecho, liderado por Iván Cancino, expresó además que el proyecto contará con monitoreo y controles ambientales y que cumple con requisitos técnicos, legales y ambientales diseñados para evitar impactos sobre las poblaciones locales.
"La aspersión aérea, aplicada bajo criterios técnicos, sanitarios, ambientales y constitucionales, debe entenderse como una alternativa dentro de la estrategia contra el narcotráfico", dijo el ministro Iván Cancino, según el comunicado del Ministerio.
La tutela y las preocupaciones locales
La orden de suspensión se originó a partir de una acción de tutela interpuesta por Jhonatan Enrique Meneses Valencia, representante de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social. En su recurso se argumenta que el plan piloto, que todavía no se había ejecutado, pone en riesgo derechos fundamentales como la salud, el acceso al agua y el derecho a un ambiente sano.
El juzgado decidió pausar la iniciativa mientras evalúa los eventuales impactos ambientales y sanitarios, una decisión que ahora enfrenta la respuesta técnica y jurídica del Ejecutivo.
Contexto y cifras
En el debate público se han citado cifras oficiales sobre la extensión de los cultivos ilícitos en Colombia. Según los datos mencionados por las autoridades, el país registra cerca de 261.000 hectáreas sembradas con cultivos de uso ilícito. En Putumayo, el informe de la UNODC ubica alrededor de 49.000 hectáreas, lo que convierte al departamento en uno de los núcleos de producción consolidados en la última década, junto con el Catatumbo y Nariño.
| Territorio | Hectáreas aproximadas |
|---|---|
| Colombia (total) | 261.000 |
| Putumayo | 49.000 |
Implicaciones jurídicas y ambientales
La disputa plantea un cruce de argumentos jurídicos: por un lado, la protección de derechos colectivos —salud, agua, ambiente— invocada en la tutela; por otro, la facultad del Estado para emplear medidas de política pública destinadas a combatir economías criminales que, según el Gobierno, generan grave afectación a la seguridad y al orden público.
La decisión de fondo del juzgado debe ponderar pruebas científicas y técnicas sobre riesgos del herbicida, así como la existencia de protocolos de manejo, control y mitigación de impactos que el Ejecutivo asegura haber previsto para el piloto.
Reacciones oficiales y próximos pasos
La cartera de Justicia calificó la aspersión controlada como «parte de la solución» frente al narcotráfico y cuestionó la suspensión judicial al argumentar que limita la capacidad estatal para enfrentar a las organizaciones criminales. El comunicado ministerial subrayó que el proyecto tendrá supervisión rigurosa.
Ahora corresponderá al Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís adelantar el estudio de fondo del caso y decidir si mantiene la medida cautelar o autoriza la continuidad del plan piloto bajo las condiciones que establezca la autoridad judicial.
Qué pueden esperar las comunidades
- Continuidad temporal de la suspensión del piloto mientras se resuelve el proceso judicial.
- Posible exigencia por parte del juez de informes técnicos, estudios de impacto y protocolos de control ambiental al Gobierno.
- Atención a las garantías de derechos colectivos: acceso al agua, salud y ambiente sano.
La tensión entre la estricta aplicación de normas ambientales y sanitarias y las estrategias de seguridad del Estado continuará definida por las próximas decisiones judiciales y por los informes técnicos que las partes presenten en el proceso.
