El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, defendió este lunes el uso de la aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos y rechazó la medida cautelar que suspendió temporalmente, en Putumayo, el plan piloto autorizado por el Gobierno nacional. El pronunciamiento llega tres días después de la decisión judicial en Puerto Asís.
La postura del Ministerio
Cancino planteó que la verdadera amenaza para las comunidades no es la técnica de aspersión sino el narcotráfico, que cuando controla plantaciones financia estructuras armadas, extorsiona y facilita el reclutamiento de menores en distintas regiones. En su defensa, sostuvo que la fumigación aérea debe entenderse como una herramienta del Estado para recuperar territorios y proteger a la población.
“La amenaza es el narcotráfico. La aspersión es una herramienta para combatirlo”, resumió el ministro.
Además, el funcionario incluyó argumentos ambientales en su discurso: afirmó que los cultivos ilícitos contribuyen a la destrucción de bosques, la expansión de la frontera agrícola ilegal y la contaminación de fuentes hídricas por las sustancias utilizadas en la producción de cocaína.
Qué suspendió el juez y por qué
El Juzgado Tercero Administrativo de Puerto Asís admitió una tutela presentada por Jhonatan Enrique Meneses Valencia, representante de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, y ordenó la suspensión temporal de cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento. La medida fue dictada el 11 de septiembre y exigió al Gobierno información sobre los polígonos previstos y los riesgos para salud y ambiente.
El juez Germán Alberto Mora Mena precisó que, con la decisión, no se estaba objetando la legalidad de la resolución que autorizó el plan, sino que pidió mayores elementos de información antes de permitir la ejecución de la fumigación.
Características del plan piloto
Según lo autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, la iniciativa se concibió como una fase experimental, controlada y delimitada. El Gobierno planteó que el ensayo tendría una duración breve y un cupo máximo acumulado definido, con el objetivo de generar evidencia científica sobre la eficacia del glufosinato de amonio aplicado desde aeronaves.
| Aspecto | Dato |
|---|---|
| Sustancia | Glufosinato de amonio |
| Órgano autorizante | Council Nacional de Estupefacientes (CNE) |
| Medida judicial | Suspensión temporal (11 de septiembre) |
| Demandante | Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social (representante: J. E. Meneses Valencia) |
Argumentos contrapuestos
El Ejecutivo sostiene que la aspersión, si se aplica con parámetros técnicos, ambientales y sanitarios, puede ser parte de la solución para desarticular economías ilegales que sostienen a grupos armados. En cambio, la tutela invocada demanda mayores garantías sobre los posibles impactos en la salud de las comunidades y en los ecosistemas, elementos que el juez ordenó evaluar antes de autorizar cualquier intervención aérea.
- Posición del Gobierno: la aspersión protege comunidades y recupera territorios frente a economías criminales.
- Posición judicial/ciudadana: se requieren estudios y claridad sobre polígonos y riesgos ambientales y sanitarios.
- Punto central: balancear la eficacia en reducción de cultivos con la protección de la salud pública y el medio ambiente.
Implicaciones locales
En Putumayo la decisión judicial detuvo el procedimiento previsto por la Administración central y abrió un nuevo capítulo de debate entre autoridades nacionales, actores judiciales y organizaciones civiles locales. De acuerdo con el planteamiento ministerial, la demora en la actuación estatal puede traducirse en fortalecimiento de los grupos que controlan las plantaciones ilícitas; desde la tutela se alerta por posibles efectos adversos en comunidades y recursos naturales.
El fallo del juez supone que el Gobierno deberá presentar documentación detallada sobre los polígonos donde se pretendía intervenir y los estudios de riesgo correspondientes para que se evalúe la continuación del plan piloto.
Qué sigue
La controversia queda ahora en manos de procesos administrativos y judiciales: el Ejecutivo podrá allegar la información requerida y defender la implementación del plan como una política pública; los demandantes y la justicia evaluarán si esa documentación es suficiente para levantar la suspensión. Mientras tanto, en Putumayo no se realizarán operaciones de aspersión aérea con glufosinato de amonio hasta que no haya una decisión que revoque la medida cautelar.
El debate apunta a dos dilemas centrales de las políticas antidroga en Colombia: la eficacia y alcance de las herramientas de erradicación y la necesidad de garantías sanitarias y ambientales para las comunidades afectadas.
