La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reportó que 2,4 millones de niñas en Afganistán están privadas de la educación secundaria desde el regreso de los talibanes al poder hace cinco años. La cifra aumentó en 200.000 respecto a 2025 y, según la agencia, si la prohibición continúa podría elevarse a cerca de 4 millones hacia 2030.
Alerta sobre pérdida de logros y efectos acumulativos
El informe de la Unesco plantea que las actuales restricciones amenazan con borrar avances que tardaron décadas en consolidarse, entre ellos la incorporación de alrededor de un millón de niñas a la secundaria tras la caída del primer régimen talibán. La organización describe la situación como una vulneración sistemática de derechos y llama al restablecimiento inmediato e incondicional del acceso a la educación secundaria para mujeres y niñas.
“Las mujeres y las niñas afganas tienen derecho a aprender; es un derecho humano fundamental. Tienen derecho a trabajar. Deben disfrutar de libertad de movimiento (...) sin verse obligadas a estar acompañadas o vigiladas, ni sufrir prohibiciones dentro de sus comunidades”, dijo Hoda Jaberian, coordinadora de programas de educación en situaciones de emergencia de la Unesco.
Impacto en alfabetización, formación docente y mercado laboral
La agencia subraya que las prohibiciones afectan además la educación primaria y la superior. En primaria, más de la mitad de los niños en edad escolar permanecen fuera del sistema, y más del 90% de los menores de diez años no sabe leer un texto sencillo, según el reporte. En el nivel universitario, la restricción de acceso a partir de diciembre de 2022 dejó a más de 100.000 jóvenes mujeres sin posibilidad de cursar carreras superiores.
La Unesco proyecta efectos económicos y profesionales que se extenderán por décadas: estima una pérdida acumulada de ingresos de 9.600 millones de dólares hasta 2066 y advierte que, si se mantiene la prohibición universitaria, unas 600.000 mujeres podrían quedar fuera del mercado de trabajo en ese horizonte temporal. Además, para 2030 el país podría enfrentar una escasez de más de 11.000 maestras calificadas, debido a las limitaciones en la formación profesional femenina.
| Indicador | Valor citado por la Unesco |
|---|---|
| Niñas fuera de secundaria (2026) | 2,4 millones |
| Aumento respecto a 2025 | +200.000 |
| Proyección si persiste la prohibición (2030) | ~4 millones |
| Menores de 10 años que no leen un texto sencillo | +90% |
| Jóvenes mujeres sin acceso universitario | +100.000 |
Respuestas y medidas de la Unesco
Ante el escenario, la Unesco reiteró su condena a las discriminaciones y pidió la reversión inmediata de las restricciones. En paralelo, la agencia financia iniciativas comunitarias de alfabetización y capacitación que se dictan en hogares y centros locales para no abandonar a quienes siguen excluidos del sistema formal.
Según el informe, la organización y sus socios ya formaron a más de 1.000 facilitadores que trabajan en espacios alternativos de enseñanza. La Unesco apeló a mantener esos apoyos mientras persista la prohibición y advirtió que la interrupción prolongada de la escolaridad puede significar la pérdida de un ciclo completo de secundaria para una generación.
Consecuencias sociales y educativas
Los datos revelan un efecto multidimensional: reducción de capital humano, menor presencia femenina en la fuerza laboral futura y deterioro del sistema educativo por la falta de docentes formadas. La Unesco señala que estos impactos no solo afectan a las niñas y mujeres, sino al conjunto de la sociedad afgana, que enfrentará un déficit en capacidades profesionales esenciales en las próximas décadas.
- La exclusión de la secundaria afecta la equidad y la igualdad de género en todo el sistema educativo.
- Las medidas temporales, como programas comunitarios, resultan insuficientes frente a prohibiciones formales y persistentes.
- El costo económico proyectado (US$ 9.600 millones hasta 2066) subraya la dimensión macroeconómica del problema.
La advertencia de la Unesco obliga a pensar no solo en la restitución inmediata del derecho a estudiar, sino también en políticas de recuperación educativa a largo plazo que permitan reconectar a generaciones enteras con la escuela formal, reconstruir la formación docente y mitigar las pérdidas económicas y sociales que la exclusión ya está provocando.
