Un ejercicio elaborado por la consultora Galois concluye que el Estado nacional no distribuyó a las jurisdicciones federales el equivalente a $784.290 millones correspondientes al impuesto a los combustibles líquidos entre enero y julio de 2026. El cálculo, difundido por LA NACION, parte de una recaudación acumulada de $3.839.125 millones en ese período y aplica el coeficiente del 35,44% que por normativa debería destinarse a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.
Qué dicen los números
Según el informe de Galois, dirigido por Rodolfo Correa Becker, la cuenta comienza con la recaudación total del impuesto y descuenta el 1,9% que corresponde al esquema de ARCA (fondo de asistencia para el transporte). Sobre el remanente, el 35,44% equivale a los $1.334.735 millones que, a criterio de la consultora, deberían haberse distribuido siguiendo los coeficientes de coparticipación. La diferencia entre ese monto y lo efectivamente girado a los fondos jurisdiccionales da los $784.290 millones señalados.
Galois presentó también un desglose por jurisdicciones que muestra a la Provincia de Buenos Aires como la principal receptora potencial de esos fondos, con $166.359 millones, seguida por Santa Fe con $67.704 millones y Córdoba con $67.266 millones.
| Jurisdicción | Monto estimado (enero-julio) |
|---|---|
| Provincia de Buenos Aires | $166.359 millones |
| Santa Fe | $67.704 millones |
| Córdoba | $67.266 millones |
Decisión del Ejecutivo y su explicación
El estudio recuerda que el Ministerio de Economía no llevó a cabo el reparto porque el Ejecutivo optó por retener la recaudación en inversiones financieras. Esa decisión fue reportada originalmente por LA NACION, que explicó que los fondos quedaron en administraciones fiduciarias destinadas a infraestructura y a la compensación del transporte público.
"El Gobierno no ejecutó ese reparto porque decidió retener la recaudación en inversiones financieras", informó la nota original.
En la información pública se menciona al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco de audiencias y gestiones económicas del Gobierno; el trabajo de Galois, en cambio, se centra en el impacto fiscal y el reparto que habrían recibido las provincias de haberse aplicado los coeficientes de coparticipación.
Impacto político y fiscal
La retención de esos recursos, si se confirma la metodología y los montos, tiene implicancias claras para las cuentas provinciales y para la discusión política sobre federalismo fiscal. Las jurisdicciones basan parte de su presupuesto en transferencias nacionales y en recursos coparticipables; una diferencia de casi $800.000 millones en seis meses altera calendarios de obras, inversiones y compensaciones al transporte.
Entre las consecuencias políticas cabe destacar:
- Reclamos posibles de gobernadores por la menor disponibilidad de fondos para obras viales y servicios.
- Debate sobre el uso de instrumentos financieros por parte del Ejecutivo para administrar liquidez y cumplimiento de compromisos.
- Presión opositora para exigir transparencia en el destino de los fondos retenidos y en los criterios para su administración.
El informe de Galois y la nota de LA NACION reavivan una discusión recurrente en la agenda pública argentina: la tensión entre la necesidad de financiar políticas nacionales y la obligación de respetar los mecanismos de coparticipación que sostienen a las provincias y a la Ciudad. El Gobierno deberá dar explicaciones técnicas y políticas sobre la operatoria aplicada, mientras que las provincias evaluarán el perjuicio fiscal informado por la consultora.
